Protestan contra ayuda de EEUU a Honduras
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La policía se llevó esposados a los dos hombres después de que colgaran en lo más alto del complejo gubernamental Ronald Reagan dos pancartas que rezaban "Berta Cáceres Presente" y "USAID pare financiamiento asesinatos Honduras", refiriéndose por sus siglas a la Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional.
"Nos manifestamos en solidaridad con nuestra querida camarada Berta y el pueblo lenca y todos los hondureños que valientemente se resisten a ser desplazados de su territorio", dijo Jake Dacks, uno de los detenidos, según un comunicado de prensa distribuido por su amigo Jacob Blickenov.
Paul Magno, integrante de la agrupación Witness for Peace, dijo a The Associated Press que los dos detenidos son activistas residenciados en la capital estadounidense que no integran agrupaciones específicas.
Cáceres, asesinada el 3 de marzo, había denunciado que era objeto de amenazas de muerte por parte de la policía, el ejército y grupos de terratenientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares desde 2009, pero el gobierno hondureño no le asignó protección.
Cáceres cobró gran relevancia internacional por organizar al pueblo lenca —la mayor etnia de Honduras— para protestar contra la construcción de un polémico proyecto hidroeléctrico financiado por el Banco Mundial.
Ben Edwards, vocero de USAID, dijo a The Associated Press que el gobierno estadounidense "condena el asesinato de Cáceres y llama al gobierno hondureño a realizar una investigación transparente, integral y rápida para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia".
Edwards dijo desconocer el monto de la ayuda que USAID planea destinar a la nación centroamericana en 2016.
El gobierno del presidente Barack Obama solicitó el mes pasado al Congreso 750 millones de dólares para fortalecer las instituciones en Guatemala, Honduras y el Salvador para el periodo fiscal de octubre 2016 a septiembre de 2017.
Los fondos para los tres países del Triángulo Norte solicitados por el Departamento de Estado se sumarían a los 750 millones de dólares que el Congreso destinó en diciembre de 2015 pasado como parte de ejercicio fiscal que concluye en septiembre de 2016.
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