El empeño estadunidense en contra de Venezuela resulta tanto más grotesco si se considera que la Casa Blanca acaba de dar pasos concretos de distensión con Cuba sobre la que ha mantenido durante medio siglo un implacable bloqueo económico, una política de permanente hostigamiento e incluso un respaldo activo a grupos terroristas del exilio anticastrista.

La subsecretaria de Estado Roberta Jacobson dijo ayer sentirse "decepcionada" por el amplio rechazo latinoamericano a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y aseguró que tales sanciones "no buscaban perjudicar al pueblo venezolano ni a todo el gobierno" de Caracas. Admitió que el asunto evoca diferencias históricas entre su país y América Latina, que no quiso precisar, pero que son una inequívoca referencia a la política tradicional de Washington en contra del resto del continente: respaldo y promoción de dictaduras impresentables, invasiones armadas contra naciones soberanas, saqueo inveterado de los recursos naturales y constante injerencia en los asuntos internos de los países del subcontinente, cuyo más reciente capítulo es, precisamente, el conjunto de declaraciones y medidas hostiles de la Casa Blanca hacia Caracas.

Como se recordará, el pasado 9 de marzo el presidente Barack Obama calificó al país suramericano de “amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", ordenó un bloqueo de las cuentas venezolanas y prohibió la entrada a territorio estadunidense a siete funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

En respuesta a semejante despropósito –porque no hay un solo dato indicativo de que el gobierno de Caracas pudiera amenazar de alguna forma la seguridad de la superpotencia–, gobiernos individuales y organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) criticaron las medidas de Washington y pidieron a Obama que las derogue a la brevedad.

Si el Departamento de Estado, por boca de Roberta Jacobson, puede llamarse a sorpresa ante la unanimidad y contundencia de la respuesta latinoamericana, ello sólo se explica por el descuido de la diplomacia estadunidense hacia la región en las últimas dos décadas. En efecto, hasta fines del siglo pasado tal reacción habría resultado impensable, pero de entonces a la fecha se han desarrollado en la porción sur del continente procesos de reivindicación de las soberanías nacionales y de integración regional que han transformado los paradigmas latinoamericanos incluso en los gobiernos que han permanecido de espaldas a tales procesos –como los de México, Colombia y Perú– y que, en cambio, han persistido en mantener la tradicional supeditación política, económica y diplomática hacia la potencia del norte.

Ahora Washington se topa con realidades continentales que hacen impensable un intento de aislar a uno de los países de sus pares para sojuzgarlo por la vía financiera e incluso militar, o bien mediante el respaldo activo a la sedición interna, como lo había venido haciendo Estados Unidos cada vez que surgía en América Latina un gobierno con propuestas de soberanía y transformación social.

El empeño estadounidense en contra de Venezuela resulta tanto más grotesco si se considera que la Casa Blanca acaba de dar pasos concretos de distensión con Cuba, sobre la que ha mantenido durante medio siglo un implacable bloqueo económico, una política de permanente hostigamiento e incluso un respaldo activo a grupos terroristas del exilio anticastrista.

Independientemente de la postura que se adopte acerca de la tensa situación política interna de Venezuela, ningún gobierno de América Latina puede, sin ruborizarse, estar de acuerdo con el disparate expresado hace un mes por Obama, entre otras razones porque es evidente que las cosas son exactamente al revés: es Washington el que amenaza la seguridad nacional de Venezuela, y su activa beligerancia de respaldo a los opositores a Maduro es un ejemplo claro de ello.