Estados Unidos: Allí reside su verdadera amenaza

Torpe e insolente, la acusación lanzada desde Washington contra Venezuela apunta hacia un fracaso anunciado.

Como es sabido, agitando el pretexto de llamadas violaciones a los derechos humanos allí, su presidente las valoró como “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Asimismo establecieron el inicio de un ejercicio militar en Puerto Rico, algo que tradicionalmente ha sido preámbulo de sus intervenciones castrenses en América Latina y otros lugares.

O sea, grotesca intromisión en los asuntos domésticos de la nación suramericana al tiempo que una amenaza de acción castrense.

Y todo procedente de un gobierno que sufre graves llagas en ese frente.

La maquinación forma parte de una conocida escalada dirigida contra la tendencia progresista que desde hace años tiene lugar en países de esta región del mundo.

Solo que ahora se desbordó y puso al desnudo la alianza entre altas esferas gubernamentales del Norte y de la extrema derecha venezolana.

Pero un solo ejemplo indica hasta dónde el tema de los derechos humanos resulta vulnerable para los fiscales de Venezuela en Washington.

Fue dado a conocer este martes por dos periodistas del Nuevo Herald, Mary Ellen Klas y Julie K. Brown.

Según ellos, antiguos y actuales inspectores del Sistema Carcelario de la Florida revelaron parte de las atrocidades que se ejecutan allí.

Lo hicieron ante legisladores de su parlamento, a quienes dijeron que sus jefes les ordenaron “repetidas veces”  ignorar toda evidencia de posible actividad criminal por parte de agentes penitenciarios.

Esos inspectores, que hablaron luego de prestar juramento ante la Comisión de Justicia Criminal del Senado estatal, además apuntaron que “la corrupción y el encubrimiento están generalizados en sus predios”.

Debido a ello, subrayaron,  el Departamento de Correccionales (DOC) no tiene el deseo ni el personal para eliminar siquiera una fracción de abusos contra los presos.

Al enumerarlos mencionaron, entre otros, negligencia médica,  violencia pandillera y el crimen organizado en el sistema carcelario.

Algunos de los denunciantes  concentraron sus dardos hacia la oficina del Inspector General, Jeffery Beasley, porque –aseguraron- elimina las pesquisas que “dieran mala imagen” a la agencia.

John Ulm, viejo agente de la policía que trabaja con ese funcionario, dijo a la prensa:

“Las atrocidades que he visto en calles de Estados Unidos palidecen frente a las violaciones en el sistema carcelario de la Florida”.

Luego de la audiencia, el presidente de la mencionada comisión senatorial, Greg Evers, admitió a la prensa, “sí, esto es una crisis”.

Por su lado, la secretaria del Departamento de Correccionales, Julie Jones, admitió que han sufrido una crónica escasez de fondos y personal.

Los dos antes citados periodistas del Nuevo Herald, Klas y Brown, valoraron como “sin precedentes” la audiencia realizada en el Senado floridano con ex inspectores carcelarios.

Tuvo lugar, apuntaron, en medio de dos escenarios:

Primero, una serie de reportes sobre la “muerte sospechosa” de presos.

Segundo, la pública indignación de activistas pro-derechos civiles  por el tratamiento a detenidos con enfermedades mentales.

Uno de los inspectores que intervino ante la Comisión de Justicia Criminal del Senado estatal fue Doug Glisson.

Reveló que en una oportunidad, y no obstante la evidencia de violaciones del personal médico, su agencia no presentó cargos.

¿Motivo?, le preguntaron, debido, escribieron Klas y Brown, a que el sospechoso tenía “un amigo de alto rango” en el Capitolio estatal”.

Los mencionados Ulm, Glisson y la inspectora Aubrey Land, formularon una grave queja ante los tribunales de Washington.

Revelaron que el inspector general del sistema carcelario de la Florida, Jeffery Beasley, llegó a ordenarles abandonar la investigación sobre un encubrimiento de homicidio.

Tuvo lugar hace unos cinco años,  en   2010, cuando asesinaron a un preso de 27 años de edad en la Institución Correccional Franklin.

 Su nombre Randall Jordon Aparo, fallecido luego que sus carceleros le lanzaron repetidamente gases tóxicos.

Pero hace una semana la queja de los tres inspectores fue archivada por un juez federal en medio del  total silencio de la prensa.

En su testimonio ante los senadores, Ulm afirmó que luego de iniciar su pesquisa sobre la corrupción, “había sido amenazado” y hecho objeto de investigaciones como represalia por sus intentos de exponerla.

Land reconoció que, aún cuando hay empleados honestos dentro del sistema carcelario, “la cultura de corrupción les ha hecho difícil trabajar adecuadamente”.

“Hemos propuesto soluciones que nadie escucha”, sentenció la inspectora.

Y se trata solo de una de las tragedias que aguanta la sociedad estadounidense, sin hablar de las que sus gobernantes han regado sobre el planeta.

Sin embargo, para estos últimos la mayor amenaza para Estados Unidos radica hoy… en Venezuela.

De estarla buscando, he ahí una excelente inspiración para esculpir un monumento al cinismo y la torpeza en pleno centro de Washington.