Los bonistas que demandaron a Argentina en Nueva York (noreste de EE.UU.) para resolver una deuda millonaria adquirida en gobiernos anteriores al de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, podrán cobrar su liquidación en el Citibank, tras la liberación de pagos concedida por el juez, Thomas Griesa.

Griesa concedió un "stay" (medida cautelar) a la entidad bancaria, que se postuló como sede para hacer efectivos el pago de bonos argentinos en dólares depositados por el Estado y en el marco de la ley nacional, hasta el 30 de septiembre.

Recientemente, la presidenta Cristina Fernández, cuestionó la arbitrariedad de Griesa, respecto al congelamiento del pago a bonistas que no ingresaron al canje de la deuda entre 2005 y 2010, con el objeto de perjudicar el sistema financiero de la nación suramericana.

No obstante, la aprobación de la ley de Pago Soberano de la Deuda Local, la demanda del Estado por especulación con dólar ilegal el respaldo de Naciones Unidas para condenar a los fondos buitre y la reciente audiencia convocada por los buitres para acelerar el proceso de pago, obligó a Griesa a permitir la cancelación de la deuda.

En la audiencia, los fondos buitre presentaron la solicitud "discovery” para recabar más información del interés del Citibank en liquidar los bonos, y aunque Griesa quiso retrasar el proceso, decidió al final limitar el pago bonistas a un mes con el pretexto de "vencimiento de pagos futuros".

El abogado del fondo buitre Aurelius, Edward Friedman, solicitó el "stay" para acelerar el pago a los bonos reestructurados denominados en dólares y bajo legislación argentina, como lo planearon representantes del Citibank.

Respaldo internacional

Este viernes, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución impulsada por Argentina que condena a los fondos buitre y ordena realizar una investigación sobre sus actividades y sus consecuencias.

Dicha resolución constituye un importante paso en el organismo internacional, luego de la histórica resolución en donde se llama a establecer un marco legal para futuras reestructuraciones de deudas soberanas. El documento fue avalado con 35 votos a favor.