Colombia: Hay que afinar la puntería

Colombia ha sido recientemente fuente de frecuentes, interesantes y controvertidos sucesos, que van desde la inocente y merecida clasificación para el próximo Campeonato Mundial de fútbol, hasta el avance en las difíciles y necesariamente cuidadosas conversaciones entre el gobierno y la guerrilla en La Habana.
                                           

Realmente, el gobierno de Juan Manuel Santos es atacado desde todas las direcciones, tanto por los partidarios del anterior mandatario ultraderechista Álvaro Uribe, quienes le acusan de ser débil con la variada oposición, como por aquellos que le critican por propugnar proyectos de ley que no tienen en cuenta que 19 de los 45 millones de colombianos viven en la pobreza.
                                                                     

Hay grandes proyectos para llevar la Internet y otros medios modernos computarizados a parte de la población colombiana, por supuesto, la que tenga mejores recursos, mientras no se actúa consecuentemente en las cuestiones referentes al agro, donde predomina el latifundio en más del 90% del territorio nacional.
                                             

Quizás una situación muy delicada es el controvertido proyecto de reforma de la salud, ya aprobado por el Senado, el cual, visto en su generalidad, realza la actividad privada en aras de la pública, afectando a la inmensa mayoría de los trabajadores.
                                  

Se trata de supuestamente modernizar un sistema que, con sus defectos, aseguraba en algo la atención de los trabajadores, por uno que subraya lo que ya ocurre desde hace años: la erección de prósperas clínicas privadas en los lugares donde se levantaban hospitales públicos.
                                                                   

Simplemente, con la anterior revelación, ya se desconfía de esas propuestas novedades oficiales, iniciadas a principios de este 2013, que, como señalara el investigador colombiano Juan M. Villa, términos como EPS, POS, ARS, IPS, FOSYGA, prepagada, tutela, paseo de la muerte, autorización, entre otros, han estados asociados a los dolores de cabeza que han tenido que sufrir los colombianos en los últimos 20 años, después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 y posteriores modificaciones.
                           

La Ley 100, no obstante sus defectos, logró grandes avances en la cobertura y prestación de los servicios de salud, que demandaban significativos gastos de bolsillo y cuyo aseguramiento estaba limitado a la población cobijada por la seguridad social.
                                           

En principio se creía que la interacción de entidades públicas y privadas, bajo una exhaustiva regulación, iba a lograr un equilibrio de bienestar donde pacientes y personal médico tendrían poco de qué quejarse. Sin embargo, la piedra en el zapato de dicho equilibrio fue la introducción de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), de carácter privado, y que pronto se convertirían en el enemigo público número uno de los colombianos. Pensaron al principio que las EPS iban a competir entre ellas y lograr una mejor calidad del servicio, pero al final se oligopolizaron en detrimento de la salud de los pacientes.
                        

El defecto de las EPS que animó la actual reforma a la salud se evidenció en el escándalo que suscitó la intervención de SaludoCoop. Como toda empresa privada, el mayor incentivo que poseen las EPS es generar grandes ganancias, y, para ello, han implementado todo tipo de prácticas condenables: presionar a los médicos para atender en el menor tiempo posible a los pacientes, invertir poco en infraestructura y atender a la mayor cantidad de público, autorizar la entrega de medicamentos de bajo costo y, por último, negar tratamientos de alto costo a quienes no pudieran sufragarlos.
                            

Con un modelo derivado de la teoría económica de seguros, las EPS se constituyeron en grandes empresas que enfilaban las listas entre las mayores generadoras de ganancias, junto a los emporios empresariales que han liderado tradicionalmente este tipo de rankings. Se enriquecieron con el dinero que debieron invertir en el cuidado de la salud de los colombianos y en el pago por el tratamiento a los pacientes que hoy tiene a muchas clínicas y hospitales en la quiebra.
        

Los regímenes contributivo y subsidiado generan todo tipo de distorsiones en términos laborales. Las personas que reciben aseguramiento subsidiado temen perder su cupo cuando les ofrecen un contrato corto en el régimen contributivo. La existencia del uno o del otro genera informalidad e incentiva el trabajo poco productivo o con bajos salarios. Por otro lado, el aseguramiento subsidiado alcanza para que las EPS paguen los servicios prestados y generen utilidades. Si el gobierno pagara únicamente por los servicios y no por el aseguramiento que brindan las EPS, esas ganancias podrían invertirse en mayor cobertura.
                                                                              

Ahora el gobierno asegura que con el nuevo proyecto se elimina este mal, porque las EPS no manejarán los recursos que se aporten al sistema.
                                     

La reforma que propone el gobierno se centra únicamente en garantizar la viabilidad financiera del sistema, en tanto el aseguramiento con entes generadores de ganancias quedará intacto, porque entre los pacientes y los médicos seguirá el obstáculo del intermediario.
                                                                                         

Una reforma realmente estructural de la salud colombiana deberá, sin duda, ser más ambiciosa y estar acompañada por otra fiscal y laboral, pero con ello tampoco se puede olvidar que tal derecho implica también mejorar otras condiciones como educación, vivienda, alimentación y trabajo, en una nación asolada en gran parte por una guerra civil de décadas y donde casi la mitad de la población, a pesar de sus riquezas y del crecimiento económico, vive —reitero— en la pobreza.