ONU versus violencia contra las mujeres

La comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer iniciará el lunes su reunión anual enfocada en la "Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas", como tema principal.

Las discusiones se extenderán hasta el 15 de marzo en la sede de la Naciones Unidas en Nueva York y también abarcarán los asuntos relacionados con la igualdad de responsabilidades entre las féminas y los hombres con respecto al VIH-Sida.

Otro punto de la agenda está dedicado a la identificación de las cuestiones relacionadas con la igualdad de géneros de cara al programa de desarrollo de la ONU para el período posterior a 2015, año en que concluye el plazo de los Objetivos del Milenio.

Según datos de la entidad ONU-Mujeres que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, siete de cada 10 féminas en el mundo sufren golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas.

Se trata de un fenómeno universal que prevalece en todos los países, pese a constituir una flagrante violación de los derechos humanos que rompe familias y comunidades e impide el desarrollo de los estados, de acuerdo con el análisis de esa agencia. Además representa un costo de miles de millones de dólares cada año por concepto de atención médica y pérdida de productividad.

Todo eso ocurre aunque 187 países han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y en vigor desde 1981.

También a pesar de que más de 125 estados cuentan con leyes específicas para penalizar la violencia doméstica y que el Consejo de Seguridad reconoció la agresión sexual como una táctica deliberada de guerra.

Uno de los objetivos de ONU-Mujeres con vista al foro femenino es estimular a los gobiernos a reforzar las normas y estándares mundiales en la materia y a aumentar el compromiso político y las medidas dirigidas a poner fin a ese tipo de actos.

La entidad que lidera Bachelet trazó una agenda de políticas para acabar con ese mal comenzando por ratificar los tratados que protegen los derechos de las mujeres y de las niñas y garantizar que las leyes y servicios nacionales observen las reglas al respecto.

También dispone la adopción y cumplimiento de las normas contra la impunidad, juzgar a los culpables de los ataques y otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres que fueron víctimas.

Otras acciones tienen que ver con el acceso gratuito de las féminas a los servicios jurídicos y especializados y aumentar la cantidad de ellas en los cuerpos de policía y en los principales servicios.

También insiste en recopilar, analizar y difundir información sobre la prevalencia, causas y consecuencias de la violencia, los perfiles de las supervivientes y los culpables y los progresos y carencias en la implementación de las políticas, los planes y las leyes nacionales.

Al mismo tiempo, insta a mejorar la autonomía económica de las mujeres, a aumentar la conciencia pública y la movilización social en la lucha contra el problema e involucrar a los medios de comunicación, los jóvenes, hombres y niños en esa labor.