El Departamento de Justicia de EE.UU. terminó una investigación de cuatro años del controvertido, y a veces brutal, tratamiento de detenidos por parte de la CIA y cerró dos investigaciones finales por homicidio sin formular cargos. La decisión provocó indignación entre partidarios de los derechos humanos.

El fiscal general (ministro de Justicia) de EE.UU., Eric Holder, anunció el jueves que no se formularán cargos en los casos de dos presuntos terroristas que murieron mientras estaban detenidos por la CIA, uno en Iraq en el 2003 y el otro en Afganistán en el 2002. "La evidencia admisible no habría sido suficiente para obtener y sustentar una condena más allá de toda duda razonable", dijo Holder.

Gul Rahman murió en el 2002 en una prisión secreta de Afganistán conocida como "Foso de sal" después de haber estado atado a un muro a temperaturas cercanas al punto de congelación. Manadel al-Jamadi, también un presunto combatiente, murió en el 2003 en Abu Ghraib en Iraq, donde su cadáver fue fotografiado, envuelto en plástico y en hielo.

Los dos casos fueron los veredictos finales de una amplia investigación criminal por parte del fiscal federal John Durham de técnicas de interrogación utilizadas durante la presidencia de George W. Bush.

Durham determinó que una serie de presos nunca estuvieron detenidos por la CIA, y todos los casos se han cerrado sin formular cargos.

Durham examinó el tratamiento infligido a 101 presos que fueron detenidos por EE.UU. después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. La investigación, que duró más de cuatro años, comenzó en el 2008 después de una investigación de la destrucción por parte de la CIA de videos de interrogatorios de presuntos terroristas. El caso se amplió, posteriormente, para que incluyera las muertes de los dos prisioneros.

La decisión provocó indignación en los grupos de derechos humanos.

"Es muy decepcionante que con amplia evidencia de tortura y casos documentados de la tortura hasta la muerte de algunas personas, el Departamento de Justicia no haya logrado preparar un enjuiciamiento exitoso y responsabilizar a personas de estos crímenes", dijo Elisa Massimino, presidenta de Human Rights First a The New York Times. "El pueblo estadounidense necesita saber lo que se hizo en su nombre".

Jameel Jaffer, director legal adjunto de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, criticó severamente la decisión como "nada menos que un escándalo" y agregó: "El Departamento de Justicia ha renunciado a presentar cargos contra los funcionarios que autorizaron la tortura, los abogados que trataron de legitimarla y los interrogadores que la utilizaron. Ha cerrado, exitosamente, cualquier proceso legal que deba asignar responsabilidad civil a funcionarios".

Jaffer afirmó que el dictamen de hoy "envía la peligrosa señal a funcionarios gubernamentales de que no habrá consecuencias si utilizan la tortura y otras crueldades".

El director de la CIA, David Petraeus, agradeció a su equipo su cooperación con la investigación, informó Reuters. "Como oficiales de inteligencia, nuestra inclinación, por cierto, es mirar hacia los desafíos del futuro en lugar de hacia atrás, a los del pasado", dijo.

El exdirector de la CIA, Michael Hayden, durante cuyo mandato tuvo lugar la presunta tortura, dijo que se sentía "reconfortado" por el fin de la investigación de la conducta y prácticas de la CIA. "Lamento que los oficiales de la CIA hayan tenido que soportar otra revisión de sus actividades", dijo.