Violaciones de derechos humanos y de legalidad continúan en Bolivia

Aunque la Policía Internacional (Interpol) notificó a las autoridades golpistas el rechazo a la activación los sellos azul y ojo (órdenes de búsqueda y captura) contra Morales por presunto terrorismo, financiamiento de ese flagelo y sedición, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reiteró ese pedido la víspera en sintonía con el régimen de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

El abogado Eduardo León reveló que la Interpol consideró que la petición tramitada por Lanchipa difiere de los artículos 2 (i) y 3 de su Estatuto y decidió no publicar la notificación y eliminar los datos de esa persona (Morales) de su base de datos.

Precisó el documento que el artículo 2 señala que sus acciones deben enmarcarse en el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, mientras que el artículo 3 prohíbe a la entidad la 'intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial'.

Teniendo en cuenta esa decisión, León presentó el miércoles pasado una denuncia contra el fiscal general por el delito de incumplimiento de deberes y supuestamente actuar de manera negligente, porque la activación de los sellos rojo y azul debe ser a través de una orden emitida por juez y no sólo por gestiones de la Fiscalía.

Por otra parte, la diputada por el MAS, Sonia Brito, cuestionó las irregularidades de la notificación del Ministerio Público entregada al candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, a su llegada al país el martes pasado para que declarara al día siguiente ante la Fiscalía en un caso de desfalco del Fondo Indígena sin conocer de qué se le acusaba.

Confirmó que el proceso fue suspendido por la falta de claridad y el también exministro de Economía fue notificado nuevamente a declarar, pero con tiempo para revisar la documentación y después de haber presentado información contundente a la Asamblea Legislativa.

'Yo creo que se están excediendo, hay una franca vulneración de derechos humanos y todos los principios de legalidad en el marco de lo que dice la Constitución', enfatizó.

La diputada reveló que existen más de mil 400 personas afines al MAS y a la administración de Evo Morales (2006-2019) detenidas por las autoridades golpistas y, de esa cifra, fueron liberadas alrededor de 400 hasta el momento, aunque continúan los arrestos arbitrarios.

'Las llaman para que declaren y de ahí las meten a las cárceles. En realidad existe una cacería de brujas con todos los servidores públicos que trabajaron con Evo Morales', aseguró.