Cuando a finales de marzo pasado el exfiscal especial Robert Mueller concluyó la investigación acerca de la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y una supuesta complicidad de la campaña de Trump, pareció que el camino se despejaría para el gobernante republicano.

Las principales conclusiones del fiscal especial en esa indagación fueron que no hubo evidencia de colusión entre Rusia y el equipo del mandatario, y que no era posible acusar al jefe de la Casa Blanca de obstrucción de la justicia, si bien en este último caso se indicó que tampoco era exonerado.

Aunque en ese momento se avivaron las acusaciones de quienes consideraron que Trump sí obstruyó la justicia durante la pesquisa, con el paso de las semanas se aplacaron los reclamos sobre el tema, pero la relativa calma duró poco.

En septiembre estalló un escándalo acerca de las interacciones del gobernante con Ucrania, el cual escaló rápidamente y llevó a que a finales de ese mes se abriera una investigación de 'impeachment' (juicio político) en su contra en la Cámara de Representantes.

La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, rechazó durante meses los llamados que pedían un juicio político contra Trump, incluidos los de miembros de su propio partido, al considerar que un proceso de ese tipo sería un gran riesgo político.

Sin embargo, a medida que aumentaron las revelaciones en torno a los tratos con Ucrania, crecieron también las demandas de una indagación sobre la conducta del mandatario, ante lo cual Pelosi accedió a dar ese paso el 24 de septiembre.

El punto de partida de la investigación en el Capitolio fue una llamada telefónica sostenida el 25 de julio entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la cual el norteamericano le pidió a su interlocutor una pesquisa sobre las elecciones de 2016 y otra sobre el exvicemandatario y precandidato presidencial demócrata Joe Biden.

Un miembro de la comunidad de inteligencia alarmado por el contenido de ese diálogo emitió una queja al respecto, en la cual dijo haber recibido información de que Trump estaba usando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un gobierno extranjero en los comicios de 2020, en los que Biden podría ser su rival.

A pesar de los argumentos de Trump y sus partidarios de que el gobernante no presionó a Ucrania, semanas de entrevistas e investigaciones conducidas por varios comités de la Cámara Baja les permitieron a los demócratas acumular evidencia que esa fuerza política estimó suficiente para acusar al jefe de Estado.

Uno de los temas más analizados fue la decisión del ejecutivo de congelar en el verano casi 400 millones de dólares en ayuda militar destinada al país europeo, la cual solo se desbloqueó en septiembre en medio de reclamos del Congreso.

Testimonios de funcionarios de la administración parecieron confirmar que Trump condicionó la entrega de esa asistencia y un encuentro con Zelensky en la Casa Blanca a que Kiev anunciara públicamente las indagaciones demandadas por Washington.

Asimismo, tres profesores de Derecho llevados como testigos por los demócratas coincidieron en que el jefe de la Casa Blanca abusó del poder de su oficina en las interacciones con esa nación.

De tal modo, el 18 de diciembre la Cámara Baja controlada por los demócratas aprobó los dos artículos de impeachment introducidos contra el gobernante, abuso de poder y obstrucción del Congreso, a favor de los cuales votaron solo legisladores de la fuerza azul, mientras todos los republicanos se pronunciaron en contra.

Trump se convirtió así en el tercer presidente en la historia del país en ser imputado, y ahora corresponde que se le realice un juicio político en el Senado en busca de su destitución.

¿Qué esperar en el juicio político contra Trump?

Los detalles en torno a cómo funcionará el impeachment continúan en el limbo, debido a las confrontaciones y diferencias entre los dos partidos políticos. Aunque muchos reportes señalan que el procedimiento debe comenzar en enero, hasta el momento se desconoce la fecha de inicio o si los republicanos llegarán a permitir la presencia de testigos y la presentación de documentos, algo solicitado por los demócratas.

Los miembros de la formación azul pidieron al líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, contar con el testimonio de figuras como el jefe interino de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el exasesor de seguridad nacional John Bolton, pero la fuerza roja se ha rehusado.

Según las reglas sobre el tema, en un juicio político la Cámara Baja debe nombrar a los gerentes (legisladores que tendrán el papel de fiscales); el titular de la Corte Suprema, John Roberts, presidirá el proceso; un equipo legal defenderá a Trump; y los senadores actuarán como jurados, por lo que deberán comprometerse a brindar 'justicia imparcial'.

Los republicanos dieron a entender que no acatarán tal compromiso de imparcialidad, pues el propio McConnell declaró que Trump será absuelto, al manifestar que hay 'cero posibilidades' de que sea destituido, y prometió que coordinará al respecto con la mansión ejecutiva y los abogados del mandatario.

Tales comentarios generaron de inmediato las críticas de los demócratas y, unidos a la oposición de los republicanos a permitir testigos y documentos, llevaron a que Pelosi no haya enviado hasta el momento los cargos contra Trump a la Cámara Alta.

Habrá que esperar entonces hasta después del 7 de enero, cuando regresarán a Washington D.C. los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, para conocer cuáles serán las definiciones de este asunto.

Lo que sí es casi seguro es que la Cámara Alta controlada por la formación roja se negará a condenar a Trump y lo absolverá, lo cual el jefe de la Casa Blanca tratará de usar a su favor en su campaña presidencial de 2020.

Tanto el mandatario como los miembros de su partido acusan a sus rivales políticos de una cacería de brujas y de querer anular la voluntad de quienes votaron por Trump en 2016, al tiempo que el gobernante llegó a calificar de ilegal la votación de la Cámara Baja, pese a la potestad constitucional de ese órgano para acusar a un presidente.

Además, sostienen que las pruebas no demuestran un comportamiento inadecuado, y alegan que los demócratas debieron completar todos los pasos con testigos y documentos en la Cámara Baja, aun cuando el propio Trump evitó que miembros de su ejecutivo cumplieran con citaciones de esa instancia legislativa.

Por su parte, los demócratas consideran contundente la evidencia acumulada contra el presidente, y han señalado que, a pesar de la esperada absolución, era un deber moral y constitucional someter a Trump a un impeachment.

El principal resultado del juicio político, sin embargo, no se conocerá con la votación final del Senado, sino en las elecciones de noviembre próximo, cuando podrá verse con certeza cuál de las partes saldrá fortalecida y cuál debilitada de todo este proceso.