Uruguay: Consecuencias del desembarco neoliberal

Quizás algunos se pregunten cómo es posible que Uruguay crezca económicamente, aumente sus exportaciones y eluda cualquier cisma como los que presentan sus vecinos Argentina, Paraguay y Brasil, tenga un pueblo que empieza a sufrir la desigualdad, el desempleo y hasta el hambre, con índices de desnutrición altos en la población escolar de las enseñanzas primaria y secundaria.

A pesar del bombo y platillos de la mayoritaria prensa controlada por la derecha, el presidente Luis Lacalle Pou ya tiene un índice de desaprobación del 42”, por encima del 38% de rechazo, que sigue subiendo desde abril último, mientras los paros laborales son ya la comida diaria, en rechazo a las medidas neoliberales que ha impuesto y las que trata de imponer.

Y es que, a pesar, reitero, del crecimiento económico, los índices de pobreza continúan aumentando, por lo cual pululan paros parciales y generales desde junio pasado contra este gobierno de claro corte neoliberal, que solo enriquece a quienes tienen más, mientras decenas de miles de personas dependen de las ollas populares.

Los trabajadores marchan en defensa de la negociación colectiva, las empresas públicas y la seguridad social solidaria.

Los indicadores de pobreza, como indiqué, no reflejan la recuperación económica, que supera los valores previos a la pandemia y crece a pasos agigantados, puesto que la participación de la masa salarial en relación al producto cae sustancialmente.

De los 100 000 uruguayos que cayeron en la pobreza en el 2020, solo 33 000 lograron salir de la misma en el 2021 y hay 67 000 personas más bajo esa línea respecto al 2019.

La pobreza aumentó en Uruguay en casi tres puntos porcentuales, se ubicó en un 11,6 y alcanzó a unas 411 000 personas, en un país de poco más de tres millones y medio de habitantes.

Por otro lado, el miembro de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez, resaltó que “en Uruguay estamos en crisis, pero es una crisis de desigualdad”, y denunció que la inflación “se está comiendo el salario”.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, destacó que, pese al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, “los sectores que reciben las ventajas del crecimiento de las exportaciones vienen acumulando una riqueza muy importante”.

Al respecto, criticó la pérdida salarial y entendió que, de lograr cierta recuperación, es necesario volver al mismo nivel que en el 2020. Si el PIB crece “incluso por encima de las estimaciones iniciales oficiales”, entonces “se está deteriorando la participación del salario en la riqueza generada, por lo que crece la desigualdad”, agregó.

“El movimiento sindical y popular, una vez más, levanta sus banderas en defensa de nuestros derechos, contra el hambre y la carestía, por trabajo digno y de calidad, por salario, por una seguridad social integral, en contra del aumento de la edad jubilatoria, en defensa de la negociación colectiva, en defensa de las empresas públicas y su papel social y por la unidad de quienes movemos la rueda”, apuntó.

INAMOVIBLE

El gobierno sigue aplicando la denominada Ley de Urgente Consideración, a pesar del rechazo de más de la mitad de los uruguayos.

El líder del Sindicato Único de Telecomunicaciones, Gabriel Molina, enfatizó que el gobierno quiere destrozar a las empresas públicas, las cuales “son el aparato productivo del Estado”.

En consonancia, Molina añadió que el ataque contra las empresas públicas “es brutal, y lo más importante: necesitamos personal y este gobierno no toma a nadie. Estamos teniendo una seria dificultad a la hora de brindar los servicios”.

Lo cierto es que con la asunción del poder por una coalición de derecha, la nación suramericana comenzó a enfrentar, aunque “con sordina” en relación a sus vecinos, los problemas que conllevan la política neoliberal: desempleo, endeudamiento, ajustes fiscales, inflación, disminución del poder adquisitivo, hambre y pobreza, con el aumento de la desigualdad y la aparición de nuevos millonarios, los principales beneficiados por las imposiciones que juntan a Estados Unidos y las organizaciones financieras internacionales con la anuencia de las oligarquías nacionales.

Uruguay se había destacado durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio por tener una sociedad con bajos niveles de pobreza y desigualdad y altos ingresos per cápita.

Organismos internacionales ubicaban a esta nación entre los primeros lugares de la región por los índices de bienestar social, desarrollo humano, libertad económica y oportunidad humana.

Los gobiernos del Frente Amplio contaron con alto grado de confianza entre los ciudadanos por los bajos niveles de corrupción y la estabilidad existente en las instituciones. El Banco Mundial admitió que el país logró alcanzar superiores estatus de igualdad de oportunidades en los accesos a los servicios de salud, educación, agua potable, saneamiento y electricidad.

Se logró disminuir la pobreza de 32,5 % en el 2006 al 8,1% en el 2018, a la par que la extrema cayó en el mismo período del 2,5% al 1%.

Otro dato sumamente importante para los ciudadanos de mayor edad fue que cerca del 87% de los que cuentan con más de 65 años estaban resguardados por el sistema de pensiones.

Pero hoy, el gobierno de Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, apoyado por el resto de las agrupaciones de derecha, ha logrado que en Uruguay empiece ya a contar hasta con índice de indigencia, producto del desembarco neoliberal.