Boluarte montada en un papalote

Con una corta trayectoria política, ya la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, presenta un curriculum donde resaltan la traición al mandatario a quien sustituyó, Pedro Castillo -hoy en injusta prisión-, un ceremillar de causas abiertas por diversas formas de corrupción que no prosiguen y se engavetan, y un respaldo en el Congreso de los partidos más derechistas y reaccionarios que vienen extraoficialmente a suplir a la organización de izquierda que la llevó a la vicepresidencia, a la que abandonó tras jurarle lealtad.

Los partidos de Keiko Fujimori y César Acuña operan como su fuerza oficialista para blindarla y sostienen un gobierno que actúa como un papalote con los hilos conductores a cargo de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

Sus votaciones reflejan que son el bloque oficialista que protege a Dina Boluarte, al oponerse a dos informes de la Comisión de Fiscalización, a las denuncias constitucionales por las muertes en las protestas y el escándalo por los relojes Rolex y otras joyas denominado Rolexgate, y a la admisión de siete mociones de vacancia presidencial. 

Asimismo, presionan y dominan a un Congreso tan impopular como Dina para hacer aprobar una Ley de Amnistía con el fin de lograr la impunidad en las masacres ocurridas en la gobernanza de la Boluarte y mantenerla libre de toda culpa hasta por lo menos que concluya su mandato en el 2026.

EXCEPCIÓN

Fue una excepción que Fuerza Popular promoviera la censura del exministro del Interior Juan José Santiváñez. De hecho, fue la única vez que, en la práctica, el fujimorismo operó como una bancada de oposición. En los demás casos controversiales, que involucran directamente a la mandataria, operaron como una fuerza política de blindaje. Así lo reflejan, subrayo, las votaciones y su desempeño legislativo. 

En fin, Dina Boluarte ha empeñado el país al fujimorismo, al Congreso y las multinacionales, mientras despliega todo un andamiaje de propaganda hipócrita, como hizo el pasado día 14, cuando promulgó la Ley 32301, que amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional como si se tratará de un acto histórico que transformará a Perú y lo llevará por la senda del desarrollo, la paz social y la tranquilidad pública. Nada de eso.

Ese día el recuento de muertes violentas a manos del sicariato que realiza el periódico La República -nada sospechoso de izquierdista- reportó más de 10 asesinatos. El accionar de las organizaciones criminales que el gobierno y sus aliados en el Congreso se niegan a enfrentar por temor y complicidad, sigue matando a peruanos impunemente.

Mientras eso sucede en las calles, Boluarte y la alianza de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Renovación Popular están más interesados en controlar las instituciones y acallar cualquier voz distinta que cuestione sus objetivos políticos: perpetuarse en el poder.

Además, el fujimorismo ha tenido un rol determinante para entorpecer las denuncias constitucionales contra Boluarte. El viernes 11 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), que preside la apepista María Acuña, votó la acusación contra Boluarte por el caso Rolexgate.
La denuncia constitucional había sido formulada por la Fiscalía de la Nación, pero la elaboración del informe final quedó en manos de la congresista fujimorista Nilza Chacón, quien terminó recomendando archivar el caso. Pero la Fiscalía volvió a plantear el escandaloso hecho.

NO ESCAMPA

Pero con esta mandataria interina en el poder las sospechas no escampan. La fiscalía anunció el martes  de la semana pasada que la investigación iniciada en el 2024 por enriquecimiento contra Boluarte, incluye varias joyas y movimientos de dinero en su patrimonio que superan los 400 000 dólares, además de los relojes de lujo que dieron origen a la pesquisa judicial.

El fiscal general de Perú, Juan Villena, compareció ante la comisión de fiscalización del Parlamento e indicó en una presentación que la indagación incluye también un incremento patrimonial de 117 000 dólares en dos años y “depósitos de origen desconocido” de 296 000 dólares en sus cuentas bancarias.
Asimismo, el Ministerio Público investiga el origen de una pulsera de oro marca Cartier incrustada con diamantes, anillos de oro y collares con perlas que, según los cálculos mencionados por Villena, podrían tener un valor superior a 500 000 dólares.

El fiscal general dijo ante la comisión legislativa que, si el proceso indagatorio da razones justificadas, “se presentará una denuncia constitucional” ante el Parlamento al finalizar la investigación preliminar, un paso previo para poder enjuiciar a Boluarte penalmente.

Si la presidenta fuera acusada por enriquecimiento y omisión de declarar en agravio del Estado, no podrá ser procesada judicialmente hasta el 2026, cuando acaba su gestión. Los funcionarios están obligados a declarar sus bienes para evitar casos de enriquecimiento y las declaraciones de Boluarte no consignan ningún Rolex ni joyas de lujo.