OPINIÓN: ¿Habrá justicia? Hampón en su «choza»

El hecho fue calificado de histórico, y no era para menos. Autoridades judiciales ordenaron la reclusión domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber procedido fraudulentamente en la acusación al diputado progresista Iván Cepeda, en la que hizo mentir por lo menos a una veintena de testigos, algo que hizo recordar lo de los «falsos positivos» creados durante uno de sus gobiernos, en los que hacía pasar por guerrilleros a personas inocentes asesinadas a conveniencia por paramilitares y el ejército.

Tal fraude procesal no ha sido aún obedecido por las autoridades policiales, aunque Uribe sí se ha tenido que recluir en su «choza» rural de miles de hectáreas, rodeado de todas las comodidades que se procuran a tan poderoso personaje, debido a estar contagiado con la COVID-19.

Por supuesto, en el caso de incriminar a Cepeda, el tiro le salió por la culata; en tanto miles de colombianos hicieron patente su alegría al recibir la información sobre el exmandatario, aunque muy lejos aún de que lo procesen por los miles de asesinatos, robos y entrega de las riquezas del país.

Cierto que tratar de sentarlo en el banquillo de los acusados es de por sí todo un avance, gracias a la incorruptibilidad de tres jueces, aunque insuficiente, ante la influencia de un personaje considerado el más reaccionario presidente de los últimos tiempos, con un fiel discípulo en Iván Duque.

Pero, sin dudas, la influencia uribista y de su Centro Democrático sigue potente, y trata de traspapelar cualquier acusación contra su líder, un importante elemento en el fracaso hasta ahora de los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) —devenidas en partido político—, hace cuatro años, en La Habana.

«Poderoso caballero es Don Dinero», y así lo demostró Uribe con su aquiescencia y entrega de la nación a todo tipo de intereses del imperialismo norteamericano, forjándose en ídolo de latifundistas y terratenientes, sacando enormes ganancias del narcotráfico, además de ejercer una influencia malsana en la población colombiana, gran parte sumida en el miedo.

Durante los años que estuvo como gobernante, seis millones de colombianos ejercieron como informantes. Tales redes serían estratégicas para normalizar al paramilitarismo, y en su momento fueron estructuras gigantescas de civiles integrados «legalmente» a la guerra. 

Aunque ahora ya no se ha continuado manteniendo y fortaleciendo la zona gris de total ambigüedad en que lo civil y lo militar se confunden con las dimensiones más perversas en que se encuentran los masivos asesinatos de líderes sociales y excombatientes.