Justicia corrupta: Lawfare que se desmorona

Con apenas unas pocas horas de diferencia canales informativos dieron cuenta respectivamente sobre la falta de pruebas para retener en prisión a Yenifer Paredes y eliminar una parte de la causa que se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner, personajes de desigual relevancia política, pero igual humana, ambas víctimas de "Lawfare", una contracción de law (ley) y warfare (guerra), referente de “guerra jurídica”: el uso ilegal del sistema judicial para desacreditar a un adversario político.

Yenifer es simplemente la cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, a quien jueces serviles de la derecha le han abierto en un año seis causas sin justificación y perseguido a cada uno de los miembros de su familia, para obligarlo a dimitir.

Castillo recibió con alegría el aflojamiento de la causa por ocultamiento de pruebas que se le sigue a la hermana de su esposa, y reiterado que toda la familia está unida y preparada para enfrentar y rechazar hechos semejantes de una denominada justicia, a la cual calificó de corrupta, al servicio de la oligarquía y la derecha mayoritaria en el Congreso.

Y si esto pasa con un modesto personaje que tiene la “mala suerte” de ser cuñada del mandatario peruano, imagínense lo que sucede con la Vicepresidenta argentina, víctima de una campaña de odio abanderada por la reacción, que incluyó un fallido atentado a su persona, y ahora se enfrenta a esa guerra fabricada por jueces venales añorantes de la época macrista, que tanto daño ha hecho a la nación suramericana.

Al juez Julián Ercolini no le quedó más remedio que sobreseer a la Vicepresidenta en una parte de la causa vinculada al caso Cuadernos -que aún sigue en investigación-, en relación a dos episodios de supuestos pagos de sobornos que no se consideraron probados.

CRISTINA SE DEFIENDE… Y ACUSA

Cristina tuvo que exigir, porque se lo negaban, y lograr que se le permitiera defenderse ante el tribunal que la juzga por presunta corrupción, denunciando las mentiras, calumnias y difamaciones en las que ha incurrido la Fiscalía, que en agosto pasado pidió contra ella 12 años de prisión.

Luego de calificar la causa de fábula, expresó: "Quiero hacer un formal pedido ante este tribunal para que, al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales contrastados con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio se está ante un claro caso de prevaricato (prevaricación)".

Por videoconferencia desde su despacho del Senado, Fernández ha declarado en su propia defensa en la etapa de alegatos del juicio que enfrenta por la presunta adjudicación irregular de obras públicas durante su mandato como Presidenta (2007-2015), víctima de una persecución política y judicial ideada por el anterior gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

"En este mismo tribunal, fiscales y jueces juegan (al fútbol) en la quinta (finca) del expresidente Macri y a nadie parece extrañarle".

"Para traerme de los pelos a mí a este juicio trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la ley de procedimiento administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Realmente es un disparate. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio, casi al borde del ridículo", aseveró.

A juicio de la Vicepresidenta, esa presunta "asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirrepublicana y profundamente antifederal".

Para construir una realidad ficticia sobre el caso se prestan medios de comunicación, que, a través de insinuaciones, por medio del periodismo de opinión, intentan persuadir a sus públicos de la culpabilidad de la vicepresidenta.

De esta manera, Cristina Fernández se enfrenta a la etapa final de un proceso judicial en su contra, que ha recibido además la condena de su pueblo, de entes, organismos, autoridades y gobiernos internacionales, por tratarse de un proceso carente de transparencia, y empañado por los vestigios del macrismo.

HISTORIA QUE HIEDE…

A partir del 2007, se suceden tres lustros de criminalización política destinados a condicionar a gobiernos de cariz soberanista y a hostigar a dirigentes populares contrarios a las lógicas neoliberales. En ese año, el presidente hondureño, Manuel Zelaya, fue sometido en tiempo récord a un juicio político impulsado por las elites locales, en connivencia con las empresas transnacionales y la delegación diplomática de Estados Unidos en Tegucigalpa.

Un año después se inició en Argentina el hostigamiento jurídico-político contra Cristina Fernández de Kirchner, por una alianza entre sectores terratenientes y mediáticos, avalada por las corporaciones empresariales ligadas a Washington.

Durante ese mismo año se produjo una intentona golpista contra el mandatario boliviano, Evo Morales, impulsada por las empresas energéticas extranjeras, disgustadas por las nacionalizaciones en curso. La ofensiva incluyó la denuncia de una paternidad que la Justicia desechó luego de llevar a cabo los análisis de ADN respectivos.

En el 2008, también, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, fue sometido a un juicio de responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos en la zona de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Sucesos similares, en gestiones presidenciales guaraníes previas o posteriores, no fueron abordados con el mismo tratamiento.

… CON ESPIONAJE INCLUIDO

En el 2016, después de una persistente ofensiva de judicialización político-legislativa –atizada por propaladoras comunicacionales– la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue destituida. Algunos de los argumentos utilizados por los diputados en las sesiones del impeachment fueron obtenidos de escuchas ilegales provistas por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La confirmación de dichas hipótesis se produjo años después, con la publicación de las escuchas por parte del portal WikiLeaks.

El programa de espionaje había incluido el propio teléfono de la presidenta y otros 28 celulares de altos funcionarios, ministros e incluso empresarios.

La saga de criminalización continuó con Luiz Inácio Lula da Silva. Se lo detuvo en abril del 2018 y fue liberado en noviembre de 2019. Se buscó en forma denodada su proscripción política, pero los responsables de las imputaciones no pudieron lograr su cometido.

Tanto el fiscal de la causa, Deltan Dallagnol, como el procurador general que habilitó la imputación, Rodrigo Janot, fueron condenados por malversación de fondos y obligados a devolver 550 000 dólares empleados para supuestos gastos y viajes durante el proceso acusatorio a Lula. El primero de ellos, Dallagnol, además, fue penado por el Superior Tribunal de Justicia el 22 de marzo de 2022 a indemnizar al expresidente por daños morales.

Desde el año pasado, diversos analistas mexicanos advierten que el modelo injerencista jurídico empezó a desplegarse también en los tribunales aztecas, donde la oposición tramita amparos contra iniciativas llevadas a cabo por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente denunció el 11 de agosto que la Embajada de Estados Unidos y otras agencias gubernamentales de ese país aportan recursos para grupos de la oposición que negocian con jueces y fiscales la paralización de importantes obras de infraestructura que limitan el poder de las empresas extranjeras.

La triada discursiva del relato neoliberal pos Consenso de Washington ha sido la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos y la criminalización de los referentes populares, caracterizados como enemigos del globalismo por defender proyectos nacionales. Para imponer ese programa, el Departamento de Estado dispone de un presupuesto de 44 000 millones de dólares que utiliza en la formación, cooptación y compra de voluntades en los cinco continentes.

La especialidad de la agencia es el adiestramiento de periodistas, organismos de seguridad y operadores todo terreno de la Justicia. Eso incluye el costeo de viajes para participar en seminarios internacionales, y bases ideológicas y cognitivas orientadas a propagandizar las ventajas del modelo estadounidense.