Honduras: Donde el fraude es lo normal

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Honduras: Donde el fraude es lo normal
Fecha de publicación: 
25 Agosto 2021
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Vista general de la posición que tendrán los candidatos presidenciales en las papeleta electoral para las próximas elecciones presidenciales del 28 de noviembre, durante un acto hoy, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Las elecciones presidenciales en Honduras serán el 28 de noviembre próximo para el período 2022-2026, y ya desde ahora se acusa al gobierno de Juan Orlando Hernández de preparar el amañamiento de unos comicios en los que se presentarán 16 candidatos, tres de ellos mujeres.

Del total, dos candidatos son independientes y 14 forman parte de una institución política de los que Xiomara Castro, Nasry “Tito” Asfura y Yani Ronsethal fueron elegidos en un proceso electoral interno de los partidos Libre, Nacional y Liberal, respectivamente.

Las acusaciones contra Hernández tienen base real, conociendo los antecedentes al respecto. Él llegó al poder en el 2014 y un año después puso en marcha una reforma constitucional para hacer posible su futura reelección. Pero para eso tenía que ganar las elecciones.

"En el conteo de votos en la noche del domingo al lunes, del 26 al 27 de noviembre, se produce un primer anuncio de resultados y después se reportaron algunos problemas de comunicación o de retransmisión de datos. Cuando volvieron a aparecer las informaciones con esos resultados, cambió completamente la tendencia inicial que se había comunicado. En la madrugada del lunes la tendencia daba una victoria significativa del candidato opositor Salvador Nasralla", explica Adeline Neau, investigadora especializada en Honduras.

Lo que llegó después fue un descontento generalizado y movilizaciones en decenas de localidades del país, no solo en Tegucigalpa. "Cuando las personas hacen plantones (bloqueo de ciertas vías), primero les gasean y luego les disparan", asegura Erika García, activista de Somos Muchas e integrante de la Coalición contra la Impunidad. Esta organización ha presentado un informe con el que denuncian las violaciones de derechos humanos en las protestas y donde se dan los nombres, los apellidos y las circunstancias en las que murieron los 33 manifestantes.

"Los activistas tratamos de ir y resistir en todas las movilizaciones. Es impresionante. Está todo muy militarizado", apunta García. Todo el aparato policial y militar del país está desplegado: la policía militar, las fuerzas armadas, la policía nacional y los cuerpos de élite, que se crearon para contrarrestar delitos graves como el narcotráfico.

"Disparan a bala viva cuando no hay trabajadores de las ONG cerca observando. Esperan a que no haya tanta gente, a que sea de noche. Se han encontrado casquillos de bala militar y el Ministerio Público no está haciendo nada", protesta la activista.

"No se respetaron los protocolos sobre el uso de la fuerza que normalmente significa que se empieza por dialogar y nunca utilizar, salvo en casos excepcionales, la fuerza excesiva y en este caso la fuerza letal", confirmó Adeline Neau, quien apuntó también que se "reportaron muchísimas personas que recibieron disparos a bala viva cuando las fuerzas de seguridad estaban presentes".

Las redes sociales jugaron un papel esencial durante las movilizaciones. Ahora el partido gobernante ha presentado un proyecto de ley para limitar la información en estas plataformas. "Esto es muy grave, porque la mayoría de medios corporativos no informan sobre lo que en realidad pasa. Las redes son las principales fuentes de información y convocatoria", lamenta la Coalición contra la Impunidad.

Ahora se vuelven a preparar las condiciones para hacer elegir al candidato gubernamental, Nasry “Tito” Astura, del Partido Nacional, que enfrentará a 15 contendientes, entre los cuales participará por tercera vez Salvador Nasralla; la ex primera dama Xiomara Castro. cuyo esposo Manuel Zelaya fue depuesto a la fuerza en el 2009, y el independiente Santos Orellana, quien era militar.

Santos Orellana fue dado de baja deshonrosa en octubre del 2016, luego de denunciar que las Fuerzas Armadas ayudaron a facilitar el tráfico de drogas a Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras, quien fue sentenciado a 30 de marzo pasado a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos por trasiego de estupefacientes.

 

 

 

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