No es un título original, aunque quizás esté tan bajo -porque a la altura no es- de Marco Rubio, con quien discutió la candidatura republicana a Donald Trump en el 2016.

No es difícil entender que se trata de Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, quien antes del cruel desaguisado que creó y logró hacer aprobar hace unas horas (lo califican de triunfo político), ya había demostrado que es más trumpista que Trump, al posesionarse en la extrema derecha, proponer medidas antiinmigración y negar atención médica y de salud a personas de la comunidad LGBT.

En aquel entonces DeSantis estaba siendo apoyado monetariamente por Elon Musk, quien aún no había subido a la cima de los multimillonarios, por lo que dinero nunca le faltó, algo esencial en ese bodrio de democracia que llaman Estados Unidos para cualquier aspiración electoral, desde la candidatura de edil o concejal, hasta la presidencial, con acompañamiento de agradable físico (no existe la suerte de ser no bonito, como cantaba Pacho Alonso) o carisma con mucha plata, o ambas cualidades.

Mientras su otro socio en el club de los odiadores, el hoy canciller de Trump, se dedica a crear cismas y políticas represivas en Latinoamérica, principalmente contra las rebeldes Cuba y Venezuela, los medios occidentales nada sospechosos de altruistas y sí prooccidentales como Microsoft News, The Associated Press, Infobae y Deutsche Welle, entre otros, conceden que DeSantis se ha convertido en el ser más odiado por los indocumentados en Florida, aunque también por numerosos empresarios que dependen de esa mano de obra.

Comentaristas como Miel Rosas -así se firma- en un medio miamense, dice que Trump, a pesar de su narrativa conflictiva y divisoria, nunca llegó tan lejos durante su administración. Claro que, en cambio, aplicó otras medidas, pero en muchos casos era más impactante su discurso que sus acciones. En el caso de DeSantis, sus acciones han golpeado la protección y dignidad de las personas, pero, a pesar de ello, ha recibido mucho apoyo en un estado muy permeado por la extrema derecha, una propaganda de mentiras que abarca las 24 horas del día y donde reina el miedo a disentir. No duden que junto a Musk y, por supuesto, Rubio, aspire a ganar la candidatura presidencial republicana dentro de cuatro años.

Rebecca Blackwell, de AP, destacó que DeSantis se enorgullece de haber hecho aprobar la legislación migratoria más dura de toda la nación, afirmando que “Florida será un Estado más seguro”, así como debe servir de modelo para otros territorios, estableciendo un acuerdo de cooperación de 67 condados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y ordenando que todos los cuerpos de seguridad —policía estatal, alguaciles (sheriffs) y policías municipales— colaboren con los agentes federales de inmigración sin excepciones.

La norma también incluye penas más altas para delitos menores, y la imposición obligatoria de la pena capital (sin un jurado) en casos de asesinato en primer grado o violación de menores.

Este es uno de los aspectos más llamativos de la nueva ley: la aplicación obligatoria de la pena de muerte para inmigrantes indocumentados que hayan cometido un asesinato en primer grado o violación de menores. La abogada Kara Gross, asesora de ACLU, declaró a ABC News que existe un “precedente legal que establece que las leyes de pena de muerte obligatoria son inconstitucionales”. Este se refiere al fallo del Tribunal Supremo de 1976, que basado en el dictamen de un caso en Carolina del Norte, dispuso que las sentencias de muerte automáticas violan la Octava Enmienda de la Constitución, la que prohíbe castigos crueles e inusuales. Uno de los patrocinadores de la ley, el senador estatal republicano Randy Fine, reconoció abiertamente que la norma se enfrentará a un desafío legal, pero espera que el Supremo “cambie de opinión” al respecto.

Otro ejemplo, el hurto menor en el Estado se castiga hasta con un año de cárcel y una multa de mil dólares. Si este delito es cometido por un inmigrante indocumentado, ahora se castigará hasta con cinco años de prisión y una multa de 5 000 dólares. Las medidas también crean un nuevo delito estatal, el de ingresar a Florida después de haber entrado al país sin autorización. “No vengan a Florida ilegalmente. Esa es la premisa”, declaró al respecto, Lawrence McClure, representante estatal.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su rechazo total a la legislación, porque la acusan de violar el principio de igual protección ante la ley, consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. ¿Cómo se justifica que la sanción a un delito aumente dependiendo si el acusado es ciudadano, residente o inmigrante irregular?, argumentan.

En este sentido, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles Florida (ACLU), Bacardi Jackson, expresó en un comunicado que ningún gobierno debería promover una agenda política extrema que perjudique el bienestar de todos. “La agenda de deportación masiva de [Donald] Trump llevará a que las personas, incluidos los ciudadanos estadounidenses y las personas con estatus protegido, sean detenidas o arrestadas simplemente por el color de su piel o su acento”, denunció. “Al obligar a las fuerzas del orden de Florida a participar en esta cruel agenda, el derecho al debido proceso y otros derechos legales básicos que se proporcionan a todas las personas en los Estados Unidos están en riesgo”, agregó.

Como ya apuntamos antes, la preocupación también abarca a empresarios locales de sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería, quienes emplean a una gran cantidad de inmigrantes y temen que la aplicación de la nueva legislación afecte la disponibilidad de empleados en estas industrias claves para la economía del Estado.

La nueva ley ordena la creación de un zar estatal en materia migratoria para forzar a las autoridades locales a apoyar con las federales en el plan de deportaciones masivas del presidente Trump. El designado para esta tarea fue Larry Keefe, un aliado de larga data del gobernador DeSantis, y quien en el 2022 jugó un rol clave en la planificación de los polémicos vuelos que trasladaron a inmigrantes venezolanos hasta Martha’s Vineyard. “Este es un trabajo perfecto”, afirmó Keefe tras su nombramiento. A partir de ahora, supervisará un presupuesto de más de 200 millones de dólares en subvenciones destinadas a reforzar la seguridad migratoria de Florida.

En el pasado, algunos condados de Florida adoptaron políticas de ciudades santuario que limitaban la colaboración de sus policías con el ICE. Con la entrada en vigor de la nueva ley, todas las agencias estatales y locales están obligadas a colaborar en la aplicación de las leyes federales de inmigración. Los funcionarios que desafíen la normativa podrían ser destituidos y multados hasta con 5 000 dólares. El fiscal general del Estado también puede demandar a los Gobiernos locales que no cumplan.

Ahora, la policía local puede ejecutar detenciones sin la aprobación de un juez.
La ley también tiene implicaciones para el pago de la matrícula universitaria de estudiantes indocumentados. Estos ya no recibirán trato de residentes y tendrán que pagar como extranjeros. Muchos verán triplicadas sus facturas y se enfrentarán a la dificultad de continuar sus estudios por motivos económicos. Esta disposición incluye a los dreamers, los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que ahora también pagarán más.

En fin, Florida esta grogui (atontada), gracias a los golpes de Ron DeSantis.