Colombia: Dictadura disfrazada

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Colombia: Dictadura disfrazada
Fecha de publicación: 
20 Julio 2020
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Ocho personas, entre ellas varios dirigentes campesinos, fueron asesinadas en una zona rural del Cúcuta, en el noreste de Colombia, confirmó la Defensoría del Pueblo el domingo (19.07.2020).

A la declaración de Cuba de mantener su posición como garante de la paz en Colombia y mantener vigente el acuerdo logrado al respecto entre el anterior gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el régimen de Iván Duque ha dado la callada como respuesta, e incluso no ha movido ni un ápice al llamado de Naciones Unidas para que cesen los continuados asesinatos de líderes sociales y de ex combatientes que abandonaron las armas y creyeron en el convenio que debía haber puesto fin a una guerra de más de 50 años.

Desde la firma del acuerdo ya han sido asesinados 214 ex guerrilleros y muchos más los líderes de organizaciones campesinas, indígenas y obreros que confiaron en un evento de gran trascendencia en sí, pero que no representa nada para a las oscuras fuerzas que dominan el acontecer político, económico y social en Colombia.

La gobernanza colombiana -una dictadura si tenemos en cuenta su decisión de hacer sin consultar (hacer para deshacer)- ha hecho caso omiso a la responsabilidad que tiene en el desarme de los paramilitares y la exigencia al ejército para que no colabore o forme parte de esos grupos durante la perpetración de hechos vandálicos.

Esos elementos criminales tienen un importante protagonismo en el desplazamiento en estos momentos de más de 45 000 indígenas en zonas ambicionadas por geófagos que quieren extender sus sembrados de coca y otros negocios fraudulentos, fuente de miles de millones de dólares que van a parar al poder político que rige la nación.

Nada o muy poco se hace para tratar de detener la pandemia del nuevo coronavirus, que se ha cebado especialmente en Bogotá, una, capital con ocho millones de personas, mientras se desconocen los resultados del mal en zonas donde pulula el hambre y no hay ni sombra de ayuda sanitaria.

Los estragos de la pandemia se pueden observar en la alta afluencia de venezolanos que llegan a su país procedentes de Colombia, ya infectados con el mal, para poder ser bien atendidos gratuitamente, como también sucede con los que llegan de Brasil, Ecuador y Perú.

ENTREGUISMO

No es la primera ni será la última vez que afirman que el gobierno de Iván Duque ha superado a todos los anteriores, incluido el de su mentor Álvaro Urbe, en su entrega al imperialismo norteamericano, lo cual se demuestra con su desdén a la paz, la entrega del patrimonio nacional y el afán por privatizar el mayor número de empresas posibles, reafirmando una trayectoria neoliberal.

Desde que Iván Duque asumió el gobierno, en agosto del 2018, el camino para la paz de Colombia se ha cubierto de obstáculos. El gobierno rompió el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nación (ELN), intentó boicotear la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por inacción o complicidad permitió o fomentó los asesinatos de líderes sociales y la Fiscalía General arrestó ilegalmente, con la intención de extraditarlo a Estados Unidos, a uno de los principales jefes de las FARC, Jesús Santrich.

Décadas de enfrentamiento dejaron en Colombia miles de muertos y millones de desplazados. Mucha sangre corrió por calles y parajes. Mucho esfuerzo y diálogo se requirió para que en el 2016 el gobierno encabezado por Juan Manuel Santos y la principal fuerza guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), firmaran un Acuerdo de Paz.

La guerrilla se desmovilizó, se desarmó y se transformó en partido político: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). El gobierno mostró desidia. No supo, no quiso o no pudo –o una combinación de las tres– implementar eficazmente el Acuerdo de Paz. El asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos y promotores del Acuerdo se volvió cotidiano.

En enero del 2019, el mandatario colombiano usó como excusa un atentado realizado por un sector de la guerrilla para poner fin a la mesa de negociación con el ELN. Poco tiempo después, planteó la necesidad de hacer reformas a la JEP, un acto violatorio del convenio.

Nicholas Case, periodista de The New York Times, aseguró que tuvo que huir de Colombia tras haber denunciado que el gobierno promovía nuevamente que las Fuerzas Armadas realicen ejecuciones extrajudiciales.

Durante el gobierno de Uribe se implementó lo que luego se conoció con el nombre de “falsos positivos”, el fusilamiento de prisioneros o civiles secuestrados que luego eran declarados por el gobierno como “guerrilleros muertos en combate”. Esos crímenes eran disfrazados de acciones heroicas y se mostraba como parte de una política “exitosa” en la lucha contra la guerrilla. La denuncia del periodista de The New York Times indica que el actual presidente sigue los pasos de su jefe político Uribe.

A pesar de todas estas agresiones, el ataque de la derecha representada en esta dictadura disfrazada no ha logrado torcer la voluntad del pueblo colombiano y sus dirigentes políticos y sociales, que continúan firmes en la lucha en defensa de la paz tan buscada. Y necesaria.

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