Miles de ecuatorianos salieron hoy a las calles y exigieron la salida del presidente Daniel Noboa por su ineficaz gestión de la crisis multidimensional que sufre esta nación sudamericana, con inseguridad, apagones y desempleo.

“No hay luz, no hay educación y tiene el descaro de pedir la reelección” y “Fuera, Noboa, fuera”, se escucharon este viernes durante la marcha que recorrió esta capital.

De esa forma, la ciudadanía expresó su malestar hacia el gobierno por la falta de inversión en educación, en hospitales y en obras para el país, así como con el manejo de la crisis energética.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, señaló que esta protesta es el inicio de una serie de acciones en contra de las políticas del Ejecutivo.

“Hay un descontento porque es un Gobierno incapaz, mentiroso, que no ha resuelto los problemas del país y que hoy con tintes de dictador busca soluciones a costa del pueblo ecuatoriano”, criticó el líder sindical.

Recordó que el 21 de noviembre volverán a las calles porque la ciudadanía está cabreada y aunque hay cerca un proceso electoral existe el derecho a la protesta social y la resistencia.

La marcha en Quito avanzó desde las afueras de la sede del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el Centro Histórico y aunque intentaron llegar al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, les fue impedido por vallas y decenas de policías.

Finalmente, los uniformados dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos luego de que varios neumáticos fueron incendiados.

En otras ciudades del país, como Latacunga, provincia andina de Cotopaxi, y Guayaquil, en la costa, también hubo movilizaciones de estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos y hasta desempleados.

Las protestas de este viernes rindieron homenaje al 15 de noviembre de 1922, cuando hubo una histórica huelga conocida por ser el hecho que marcó el inicio de las luchas de los trabajadores ecuatorianos por sus derechos.

Aquel día miles de obreros salieron a las calles de Guayaquil en reclamo de justicia laboral y fueron masacrados por orden del entonces presidente José Luis Tamayo sin que hasta hoy se conozca el número exacto de muertos, muchos de ellos arrojados al río Guayas.