Tribunal de Justicia de la UE sentencia que Venezuela puede recurrir las sanciones en su contra

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) informó este martes que Venezuela está "efectivamente" legitimada para impugnar las medidas restrictivas en su contra aprobadas por el Consejo del bloque comunitario en 2017.

Con esta decisión, el TUE anula la sentencia del Tribunal General en la que se declaraba inadmisible un recurso interpuesto por el país suramericano, que solicitó la anulación de las sanciones argumentando que "resultaba afectada por sus disposiciones".

Según la Corte, Venezuela, "como Estado dotado de personalidad jurídica internacional", debe considerarse "persona jurídica", como ya había adelantado en enero pasado el abogado general del TUE, Gerard Hogan.

Del mismo modo, declara que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que las medidas restrictivas en cuestión no surtían efectos directamente en la situación jurídica del país latinoamericano.

Sanciones "adoptadas contra Venezuela"

"Prohibir a los operadores de la Unión llevar a cabo determinadas operaciones equivalía a prohibir a Venezuela efectuar tales operaciones con esos operadores", reza el comunicado, que enfatiza que las sanciones "fueron adoptadas contra Venezuela".

El TUE también considera que las sanciones contra el país bolivariano pueden "perjudicar" sus intereses, "especialmente los económicos", y que "su anulación puede procurarle, por sí misma, un beneficio".

En la misma línea, asevera que es "irrelevante" el argumento de que las medidas restrictivas no son un "impedimento absoluto" para que esa nación adquiera bienes y servicios.

Antecedentes

Este fallo es emitido luego de que el 20 de septiembre de 2019, el Tribunal General sentenciara que Venezuela no demostró que las sanciones la afectaran directamente, por lo que concluyó que "carecía de la necesaria legitimación para sostener su recurso de anulación " y declaró inadmisible el recurso presentado por Caracas el 6 de febrero de 2018. Tras esta decisión, el país suramericano solicitó la impugnación del veredicto, el 28 de noviembre de 2019.

Meses después de que Venezuela sufriera violentas protestas opositoras que dejaron más de 100 muertos y que culminaron tras la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo de la UE aprobó medidas restrictivas contra el país, el 13 de noviembre de 2017.

Estas medidas, que han sido prorrogadas hasta noviembre de este año, establecen la prohibición de vender o suministrar equipos militares y tecnologías "para la represión interna" a Venezuela. Del mismo modo, se restringió la prestación de servicios técnicos, de intermediación o financieros para tal efecto.

Las restricciones también incluyen la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos en territorio europeo a 36 venezolanos que ocupan cargos oficiales y a quienes la UE considera "responsables de violaciones de los derechos humanos" y de "haber socavado la democracia y el Estado de Derecho".