Reconoce proyecto de Código de las Familias la filiación asistida

En el afán de incluir a todos y reflejar la sociedad cubana actual, el proyecto de ley del Código de las Familias reconoce jurídicamente a la filiación asistida.

Ana María Álvarez Tabío, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, explicó en el programa informativo Mesa Redonda que dicha filiación es la que se origina cuando se usa una técnica de reproducción asistida para producir un nacimiento.

Señaló que la noción de maternidad y paternidad se ha transformado radicalmente, por lo que en la propuesta de normativa se habla de relaciones parentales, las cuales incluyen a estos sujetos que cumplen idénticas funciones en la crianza de los hijos, desde lo afectivo, emocional y económico.

Tradicionalmente, continuó, han estado presentes dos fuentes de filiación: la consanguínea y la que se determina por el acto jurídico de la adopción, pero las transformaciones sociales, influidas por bajos niveles de natalidad, han impulsado el empleo de técnicas de reproducción asistida, dada la imposibilidad natural de concebir.

Por ello, insistió en que aunque es novedoso el reconocimiento jurídico de estas formas, su uso es bastante común en estos tiempos.

Así lo ratificó la doctora Miladys Orraca Castillo, presidenta de la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia, quien dijo que desde 1986 existe esta práctica en Cuba.

Desde finales de la década del 80, añadió, en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, de La Habana, se comenzó a desarrollar una consulta para las personas con dificultad para la gestación,  se formaron profesionales para esta labor y se dotó a la institución del equipamiento necesario.

En 1992 se logró allí el primer embarazo mediante estas técnicas y esto marcó las pautas para el establecimiento en 2006 de un centro de alta tecnología con todos los recursos para la fertilización in vitro, añadió la doctora.

Aseguró también que el país hoy cuenta con cuatro instalaciones de alta tecnología con estos fines, y la atención para llegar a estos procedimientos se organiza desde la atención primaria de salud en todos los municipios; mientras, existen centros provinciales de reproducción asistida de baja tecnología.

Orraca Castillo resaltó que estas técnicas son extremadamente costosas, pero en la nación no se cobra por ellas, a pesar de que se utilizan los mismos insumos, medicamentos y reactivos que en el primer mundo. 

De su reconocimiento en el proyecto de ley del Código de las Familias mencionó como aspecto fundamental que se amplía el sujeto que se beneficiará con dichas técnicas, pues hasta el momento solo estaban disponibles para parejas tradicionales con infertilidad, y se aboga por que favorezcan a todo el que lo necesite sin importar su orientación sexual.

Al igual, destacó que el proyecto brinda una base legal para la filiación asistida y se implementarán nuevas prácticas médicas en ese sentido, novedosas para Cuba.

La doctora en Ciencias Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, significó que este tema constituye otro acto de justicia que se logrará con el Código de las Familias.

Como mismo las parejas heterosexuales anhelan la maternidad y la paternidad, también lo hacen las del mismo sexo, la orientación sexual no es limitante para esas vocaciones y proyectos de vida, por lo cual se trata de respeto a la dignidad humana y la no discriminación, subrayó.

Opinó que en el proceso de consulta popular, que transcurre desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril próximo, la población está aprendiendo a valorar estas cuestiones, indispensables para seguir avanzando en igualdad, solidaridad y equidad social.

La reproducción asistida ayuda a las personas a satisfacer el deseo de ampliar su familia, siempre a partir del consentimiento expreso de los involucrados.

Los centros dedicados a estas prácticas en el territorio nacional tienen la misma efectividad que alcanzan los de países más desarrollados, con un 40 por ciento (%) de obtención de embarazos para los de alta tecnología, y un 15 % para los de baja tecnología.