La Policía imputa a Bolsonaro por la apropiación de joyas obsequiadas a la Presidencia

La Policía Federal brasileña imputó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) en el caso en que lo investiga por el supuesto intento de apropiación indebida de unas millonarias joyas que le fueron obsequiadas por países árabes cuando aún ejercía como jefe de Estado de Brasil.

La Policía, tras concluir la respectiva investigación, presentó cargos contra doce personas, incluyendo al líder ultraderechista, por los delitos de apropiación de bien público, lavado de dinero y asociación para delinquir, confirmaron a EFE fuentes oficiales.

Los abogados del capitán de la reserva, que siempre han negado los cargos y alegado que las joyas continúan en poder de la Presidencia, se abstuvieron de pronunciarse sobre el resultado de la investigación.

El informe de la Policía será enviado al magistrado de la Corte Suprema que instruye la investigación, Alexandre de Moraes, quien lo deberá remitir a la Fiscalía para que determine si hay indicios suficientes para procesar a los acusados y si le pide a la Corte que abre el respectivo juicio.

La Policía presentó cargos por asociación para delinquir contra las doce personas investigadas, entre ellas el exministro de Minas y Energía Bento Albuqerque y el entonces edecán de Bolsonaro Mauro Cid; cargos por peculado (apropiación de bien público) contra siete y cargos por lavado de dinero contra nueve.

El caso se refiere a un conjunto de joyas y objetos de gran valor que el líder de la ultraderecha recibió en viajes oficiales a Arabia Saudí y otros países árabes y que debió haber entregado al acervo del Estado al dejar el cargo.

Según las investigaciones, Bolsonaro vendió algunas de esas joyas a través de intermediarios, aunque algunos de sus colaboradores las recompraron una vez que el Estado exigió su devolución.

Entre los imputados figura el abogado Frederick Wassef, defensor del expresidente, y quien, según la investigación, viajó a Estados Unidos para recomprar las joyas después de que el Estado exigió su devolución, en enero del año pasado, cuando el progresista Luiz Inácio Lula da Silva asumió el poder.

En marzo pasado, Bolsonaro también fue imputado, por los cargos de asociación para delinquir y uso de datos falsos en registros oficiales, en el caso en que se le investiga por un supuesto fraude en la obtención del certificado de vacunación contra la covid-19.

En ambos casos fueron determinantes las confesiones de Mauro Cid, detenido en mayo de 2023 y que hoy está en libertad provisional después de firmar un acuerdo con las autoridades en el que se comprometió a confesar sus delitos y aportar pruebas contra sus cómplices a cambio de beneficios judiciales.

Una tercera investigación contra Bolsonaro a manos de la Policía Federal que está en fase avanzada, y la más grave, es la que le sitúa en el centro de la trama golpista que buscó anular la victoria electoral de Lula, en octubre de 2022, y mantener en el poder al líder ultraderechista.

El intento de golpe tuvo un último capítulo el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del líder ultra invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema con la idea de forzar una intervención militar para derrocar el Gobierno de Lula.

Además de las investigaciones penales, el expresidente también está en la mira de la justicia electoral, que en dos de los casos ya lo despojó de sus derechos políticos durante ocho años debido a abusos de poder político y económico en los que incurrió durante la campaña para los comicios en que fue derrotado en 2022.