Familias peruanas lloran a sus muertos tras la protesta más violenta en dos décadas

Peruanos en la sureña región de Puno sacaron este miércoles a las calles ataúdes de los 17 civiles que murieron en las protestas a comienzos de esta semana, el peor brote de violencia que ha visto la nación andina en más de veinte años.

El país ha estado sacudido por protestas desde la destitución y el arresto del presidente izquierdista Pedro Castillo a inicios de diciembre, con un total de 40 personas muertas, casi la mitad de ellas el lunes en Puno.

En esa región, cientos de personas rindieron homenaje a los fallecidos llevando ataúdes por las calles antes de su entierro. Muchos tenían fotos de los rostros de las víctimas sobre los féretros adornados con flores y banderas peruanas, mientras culpaban al nuevo gobierno por la violencia.

'La sangre derramada, jamás será olvidada', gritaban otros cargando banderas negras en una marcha en Puno, en la frontera con Bolivia, que fue foco de los últimos disturbios.

Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple prisión preventiva de 18 meses mientras lo investigan por 'rebelión', cargo que el exmandatario niega.

Castillo fue expulsado de su cargo el 7 de diciembre, cuando intentó de manera ilegal disolver un desacreditado Congreso dominado por partidos conservadores.

La protesta, una dura prueba para la inestable democracia peruana, es la peor en un conflicto desde fines de la década de 1990, cuando Perú sufría casi a diario enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el grupo maoísta Sendero Luminoso, que buscó con las armas imponer un estado comunista en el país.

Ese conflicto dejó unos 69.000 muertos y desaparecidos durante dos décadas, según una Comisión de la Verdad.

ESCUCHAR TODAS LAS VOCES

El anterior peor registro de víctimas en una protesta se tuvo en el 2009, con 33 muertos luego de que cientos de indígenas en la selva norte se enfrentaron con la policía, durante el gobierno del expresidente Alan García.

Para evaluar la situación, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió el miércoles con la presidenta Boluarte, cuyo gabinete obtuvo el respaldo político del Congreso en un voto de confianza el martes.

'Estaremos verificando la situación de derechos humanos, la idea es tener la escucha más amplia posible de todas las voces', dijo a periodistas Edgar Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH, tras la cita con Boluarte.
La misión de la CIDH permanecerá en Perú hasta el viernes.

'El Gobierno les dará todas las facilidades para saber lo que ha pasado', dijo después en un comunicado Boluarte, que enfrenta una investigación preliminar de la fiscalía por los presuntos delitos de 'genocidio, homicidio calificado y lesiones graves' cometidos durante las recientes protestas.

La policía y las fuerzas armadas peruanas han sido acusadas por grupos de derechos humanos de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. El ejército dice, por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino de Perú, han usado armas y explosivos caseros.

Según las autoridades de salud, muchas de las recientes víctimas en Puno tenían balas o perdigones en el cuerpo.