El papel del Partido y los cuadros a todos los niveles para alcanzar un incremento sostenido en la producción de alimentos y que estén presentes en cada una de las comunidades del país, en cada mesa de las familias cubanas, a precios accesibles, centró las primeras horas de trabajo de la jornada sabatina del VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El análisis de los resultados alcanzados en la producción de alimentos y la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN), ocupó esta vez la sesión del órgano partidista.

El encuentro transcurrió desde el viernes en el Salón de los Plenos del Palacio de la Revolución, encabezado por su Primer Secretario y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y conducido por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda.

El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y Jefe del Departamento Agroalimentario, José Ramón Monteagudo Ruiz, tuvo a cargo la presentación de un informe objetivo y crítico, que luego fue enriquecido por más de una docena de intervenciones.

En medio de la compleja situación económica, quedó evidenciado que «existe compromiso y disposición en los colectivos de trabajadores para avanzar, lo que se demuestra en múltiples ejemplos de productores destacados en cada territorio, en las diversas ramas del sector agropecuario, que se deben generalizar, porque constituyen la demostración del “Sí se puede”» del General de Ejército Raúl Castro Ruz, cuya máxima de que «¡hay que virarse para la tierra! ¡Hay que hacerla producir!», continúa siendo premisa.

La evaluación de lo alcanzado y lo mucho por lograr, reafirmó que el Partido mantiene su labor de vanguardia en todas las esferas, particularmente en las relacionadas con la producción de los alimentos, y que la participación de los militantes es decisiva.

Se ratificó, empero, que para alcanzar la soberanía alimentaria es indispensable incrementar los resultados de los diversos programas, a partir de una mayor integración y proactividad de todos los organismos con responsabilidad ante la Ley SSAN, no solo de los que están más vinculados a estas producciones, como los ministerios de Agricultura e Industria Alimentaria y el grupo Azcuba.

El Jefe del Departamento Agrolimentario del Comité Central del Partido (CC-PCC) recordó que el 8vo. Congreso de la organización aprobó el Lineamiento 138, «que concibe implementar el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, con la integración de los organismos y entidades del país, en articulación con los procesos de gestión del desarrollo territorial, aprovechando las potencialidades locales y los encadenamientos productivos»,

El Informe Central del principal cónclave del PCC, celebrado en abril de 2021, también precisaría, añadió Monteagudo Ruiz, «la necesidad de defender el incremento de la producción nacional, en especial de los alimentos, desterrar el dañino hábito de importarlos y generar exportaciones diversificadas y competitivas».

En este sentido, se enfatizó ahora, en el VIII Pleno, que le corresponde al Partido continuar desarrollando su labor para impregnar entre los militantes la necesidad de asumir el desafio de producir los alimentos que necesitamos, con la menor dependencia externa, avanzando con nuestros propios esfuerzos y con una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

Se destacó, en este sentido, que la intensa labor desplegada por la máxima dirección del PCC, encabezada por su Primer Secretario, en los recorridos y visitas a los territorios durante este año, ha permitido fortalecer el trabajo de la organización en este sentido y confirma la voluntad de continuar atendiendo las principales inquietudes de nuestro pueblo de forma priorizada y personal.

Al análisis sobre la producción de alimentos y la implementación de la Ley SSAN presentado en el VIII Pleno, lo precedió un proceso de consulta en las estructuras de dirección y de base del Partido y la UJC relacionadas con el sector agroalimentario.

También se intercambió con organizaciones de masas, consejos de gobiernos provinciales, asambleas municipales del Poder Popular y consejos de la administración municipales. La consulta abarcó 10 mil 329 organizaciones de base y participaron 96 mil 789 militantes del Partido y la UJC, junto a 25 mil 269 trabajadores no militantes, lo que generó 62 mil 366 intervenciones.

En el proceso, explicó Monteagudo Ruiz, «fueron identificadas las causas que inciden desfavorablemente en la producción de alimentos y se realizaron propuestas encaminadas a la búsqueda de soluciones que nos permitan transformar los problemas y avanzar en el escenario actual».

Se realizaron, además, visitas especializadas de la Estructura Auxiliar del Comité Central del Partido a todas las provincias. Se interactuó en 50 municipios, así como empresas, unidades productoras, mercados y otras entidades del Minag, Azcuba y el Minal, con intercambios con más de dos mil 900 personas.

DE LA LEY SSAN Y OTRAS FORTALEZAS

La implementación de la Ley 148/2022, Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, su Reglamento y el Decreto 67, tienen como objetivo promover la movilización de los recursos de cada territorio y organizar los actores de los sistemas alimentarios locales.

La normativa otorga a los municipios la autonomía necesaria para impulsar la producción de alimentos, y uno de los elementos esenciales en su implementación es la creación, consolidación y desarrollo de los Sistemas Alimentarios Locales (SAL) y del Sistema Empresarial Agroindustrial Municipal.

Hasta la fecha, informó Monteagudo Ruiz, se han traspasado o autorizado, 111 empresas en 105 municipios y se identifican 21 programas que tributan al autoabastecimiento alimentario municipal.

«Estas empresas, explicó, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en los sistemas productivos a nivel local; de ahí la necesidad de prestarle una atención priorizada en aspectos esenciales como la Política de Cuadros, el fortalecimiento de sus estructuras de dirección, el completamiento de la fuerza de trabajo, la situación económica financiera y la recuperación de su capacidad productiva».

Al mismo tiempo, en los últimos años se han adoptado otras decisiones para dinamizar el sector, como las 63 medidas de 2021, que propiciaron la eliminación de trabas y la flexibilización de procesos en beneficio de los productores agropecuarios con una participación activa de estos.

El país dispone de seis millones 400 mil 755 hectáreas de tierra agrícola, de las cuales el 79 por ciento es propiedad estatal, el 13 por ciento privada y el ocho por ciento propiedad cooperativa. Más del 80 por ciento de la producción de alimentos en Cuba proviene del sector cooperativo y campesino. Se cuenta con 128 mil 823 propietarios de tierra y más de 275 mil usufructuarios, que gestionan dos millones 871 mil 431 hectáreas (ha), el 31 por ciento del área agrícola.

Pero si bien se han entregado en usufructo más de dos millones 500 mil ha, principalmente para ganadería y cultivos varios, no se ha logrado aún el impacto que se demanda en los diferentes programas, subrayó el Jefe del Departamento Agroalimentario del CC-PCC.

También se reconoció que aunque en el país existen fortalezas para el desarrollo de la producción de alimentos, «en los últimos años, la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo han tenido un impacto significativo en el decrecimiento de las producciones agroalimentarias por déficits de financiamientos para adquirir insumos, combustibles, fertilizantes, productos fitosanitarios, medicamentos, materias primas para la alimentación animal, maquinarias y piezas de repuestos, entre otros».

Se han detectado, al mismo tiempo, deficiencias, indisciplinas e ilegalidades en la posesión, uso y explotación de la tierra y de la masa ganadera, que no se han enfrentado oportunamente por debilidades en la gestión estatal y empresarial del sistema de la agricultura, problema cuya solución es una prioridad para establecer el orden y la disciplina en esta importante actividad, se señaló críticamente en el VIII Pleno.

DE CARA AL CAMPO

A pesar de estrecheces y restricciones, en el último período se ha cumplido la campaña de siembra de frío de cultivos varios y marcha de forma favorable la de primavera, aunque los niveles de siembra, debe acotarse, no cubren las demandas alimentarias de la población, en lo que inciden también los bajos rendimientos de los cultivos.

Es consenso que para alcanzar el incremento de las producciones agropecuarias, en las condiciones actuales, se necesita sembrar y producir más, y es imprescindible la incorporación de todos los organismos, empresas y cooperativas con posibilidades de producir alimentos y garantizar una mejor atención a sus trabajadores, asunto que no ha avanzado adecuadamente.

La creación de autoconsumos, por ejemplo, tampoco marcha con la agilidad que se exige. Solo se han entregado para este propósito 31 mil 151 ha, a organismos, empresas y entidades, insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de tierra ociosa y deficientemente explotada que hay en cada uno de los territorios, se denunció.

En cuanto el desarrollo de los polos productivos, se conoció que un grupo de ellos no logra los resultados esperados, presentan deficiencias en el uso y explotación de la tierra, la disponibilidad de semillas, la gestión de la fuerza de trabajo y la utilización de los equipos de riego disponibles. Solo decir que las empresas agropecuarias estatales aportan apenas entre un 15 y 20 por ciento de la producción agropecuaria que se cosecha en el país.

También resulta insuficiente la creación de colectivos laborales en las empresas estatales y se requiere intencionar la atención a las comunidades rurales por parte de los Organismos de la Administración Central del Estado y los Órganos Locales del Poder Popular, entre otras dificultades a resolver.

Se coincidió, además, en la relevancia de continuar potenciado la ciencia y la innovación como pilar de la gestión de Gobierno y clave para encontrar soluciones, y en el fortalecimiento de las acciones de comunicación social que contribuyan a movilizar los organismos, instituciones, productores y la población en general con el objetivo de alcanzar una mayor soberanía alimentaria.

EL DEBATE

En un debate de los integrantes del Comité Central del Partido que se extendió por cerca de dos horas, el miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, señaló que la producción agropecuaria, aunque está muy lejos de lo que se requiere, empieza a transformarse.

Seguir avanzando en esta dirección, reflexionó, requiere de un trabajo muy concreto del Partido. Sin suplantar lo que le corresponde a los gobiernos, los ministerios, las empresas, los órganos locales del Poder Popular, le corresponde exigir que cada cual haga lo que le toca, enfatizó.

En ningún lugar, ejemplificó, puede haber una máquina de riego sin un programa de siembra; y al Partido también le correspone que toda buena experiencia se acabe de generalizar. Estamos en mejores condiciones, pero falta mucho por hacer, señaló.

Al comenzar el debate, Yuniasky Crespo Baquero, primera secretaria del comité provincial del Partido en Mayabeque, territorio donde se desarrollan varias experiencias exitosas en la producción agropecuaria, informó del sistemático trabajo del Partido, la ANAP, los gobiernos municipales y otras instancias con las bases.

Desde el Partido, enfatizó, se le debe dar la atención que lleva a este sector, porque, señaló refiriéndose a observaciones del Primer Secretario del Comité Central, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, «los mayores gastos en que incurre la familia cubana hoy es en la compra de alimentos».

Crespo Baquero informó que está previsto que en el año, en Mayabeque se consechen 314 mil toneladas de productos agrícolas, por encima de las 287 mil toneladas que se recolectaron en 2023, para el abasto de los 381 mil habitantes de la provincia y aportar a la capital. Y se va logrando, dijo, a pesar de que se tiene menos combustible, menos lubricantes, menos maquinarias.

Subrayó que en este propósito está siendo fundamental el fomento de los cultivos rústicos, como el plátano, la yuca, el boniato; el impulso al programa del arroz popular y también a la ganadería. En Mayabeque, subrayó, cinco de sus 11 municipios se abastecen de grano y arroz. En la agricultura, señaló Crespo Baquero, «son muchos los retos, pero no podemos descansar y tenemos que poner al Partido en el centro de este trabajo».

Avanzado el debate, y coincidiendo con su colega de Mayabeque, el primer secretario del comité provincial en Ciego de Ávila, Julio Heriberto Gómez Casanova, se refirió al trabajo con los productores del territorio, que se refleja en que entre enero y junio de este año han crecido las ventas en los mercados agropecuarios estatales.

En junio, ejemplificó, se colocaron en esas tarimas, a precios más accesibles, cerca de tres mil 500 toneladas de productos agrícolas, 16 por ciento más que en mayo, aunque aun lejos de lo necesario. En los mercados estatales avileños, el pasado mes solo se puso cerca del 30 por ciento de lo requerido, aunque en la última semana se colocó en ellos mil 400 toneladas, el 50 por ciento de la demanda.

En consonancia con los dirigentes del Partido en Mayabeque y Ciego de Ávila, la primera secretaria de la organización en Sancti Spíritus, Deivy Pérez Martín, enfatizó que la producción de alimentos es una responsabilidad de cada uno de los cuadros del Partido, criterio compartido, entre otros primeros secretarios de las diferentes provincias del país, por Walter Simón Noris, de Las Tunas, quien subrayó que debe irse al funcionamiento integral de la organización desde la base.

«El funcionamiento del núcleo del Partido no es que se reúna, sino que logre una transformación en el entorno», sentenció Simon Noris.

La importancia de la promoción de la ciencia y la innovación para alcanzar la soberanía alimentaria también fue abordada por integrantes del Comité Central del PCC. La Doctora en Ciencias Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político y directora general del CIBG, informó sobre resultados como las vacunas veterinarias, el mejoramiento genético de granos y otros logros.

Se refirió al desarrollo, en estos momentos, de proyectos con entidades de AZCUBA, la Agricultura y otras para la producción de alimento animal. Comentó sobre el fomento de soya transgénica en 300 hectáreas para obtener semillas que en 2025 permitirían la plantación de unas 60 mil ha del grano, que a razón de una productividad discreta de 1,5 toneladas por ha permitiría disponer el próximo año de unas 90 mil toneladas de soya.

Otro proyecto es desarrollar con la agricultura 500 ha de maíz híbrido cubano para semilla, de forma tal que permitan en 2025 extender las superficies con este grano y obtener unas 100 mil toneladas del producto.

Emotiva fueron las experiencias narradas por la miembro del Buró Político y secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle Boué, sobre varias iniciativas en el país para la incorporación de la mujer a la producción agropecuaria, que han permitido generar un movimiento que va revitalizando el trabajo de los bloques y la organización.

En el intercambio participaron los ministros de Agricultura, Ydael Pérez Brito, y de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, quienes informaron sobre la reanimación paulatina en ambas ramas, aunque muy lejos de lo que se necesita. En el Minag, por ejemplo, aunque se cumplen los principales planes, las cosechas no se acercan ni al 50 por ciento de lo que hace falta.

Al final del debate, el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca subrayaría que en la producción de alimentos y la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional se avanza, pero los resultados están lejos de lo que espera el pueblo. Por lo que ahora, dijo, lo que tenemos que preguntarnos es «qué nos falta por hacer y en qué tiempo lo vamos a lograr».