Dictan siete días de detención preliminar para expresidente de Perú

Un juez dictaminó hoy que el expresidente de Perú Pedro Castillo cumpla siete días de prisión preliminar, mientras miles de manifestantes reclamaron su libertad en esta capital y en al menos tres ciudades del interior.

El juez supremo Juan Carlos Checkley accedió así al pedido de la Fiscalía de mantener por el citado lapso la detención iniciada ayer, cuando el mandatario fue apresado por anunciar la disolución del Congreso, lo que califica de golpe de Estado.

Según la práctica habitual, en ese tiempo el Ministerio Público realiza diligencias para sustentar la indagación por lo delitos de rebelión y conspiración y pedir que la detención se convierta en prisión preventiva que en caso extremo puede llegar a 36 meses.

El juez Checkley desestimó los argumentos de la defensa, según la cual, Castillo solo hizo una declaración por televisión anunciando medidas de emergencia que no se hicieron efectivas y tampoco emitió documento oficial alguno decretando esa y otras disposiciones.

De otro lado, el Poder Judicial rechazó un hábeas corpus a favor de la libertad de Castillo, recurso que argumentó que había sido víctima de detención arbitraria, ayer, junto a su ex primer ministro, Aníbal Torres. Este último fue liberado y se acreditó como abogado del exgobernante.

El exmandatario participó en la audiencia sobre prisión preliminar por teleconferencia, desde la prisión en la cual permanece desde anoche, ubicada en los terrenos del cuartel de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía.

Frente al presidio, miles de mujeres y hombres de condición humilde reclamaban la libertad de Castillo, frente a una muralla compacta de policías alineados para impedir que se acerquen a las puertas de la cárcel, en la que también cumple una larga condena el exgobernante Alberto Fujimori, sin que albergue más reclusos.

Los manifestantes lanzaban gritos hostiles contra los periodistas, debido a que la mayoría de los medios de prensa mantuvieron durante la administración de Castillo una campaña constante en su contra.

Similares protestas se realizaron en las ciudades andinas de Ayacucho, Huancavelica y la surandina de Puno, en la norandina de Chota y en la costera y norteña de Trujillo.
 

Jolgorio opositor y certeza de que la crisis persiste en Perú

El jolgorio opositor por la caída del ahora expresidente Pedro Castillo contrastó hoy con preocupaciones por la persistencia de una larga crisis por la cual Perú sumó seis gobernantes desde 2016.

Mientras los opositores a Castillo, que intentaron su retiro desde antes que asumiera, celebran lo que llaman “recuperación de la democracia”, otros prismas aseguran que el ascenso de la nueva presidenta Dina Boluarte, no es una solución a la crisis.

La exministra de la Mujer del gobierno cesado, Anahí Durand, una destacada analista, dijo que el cambio de presidente no resuelve la crisis, pues hay protestas contra el Congreso, cuya impopularidad se refleja en una aprobación de apenas seis por ciento. “Dina Boluarte no tiene bancada parlamentaria propia ni respaldo popular y su gestión va a ser muy dificil, lo que correponde sería llamar a elecciones generales y sobre todo una nueva constitución” para superar la inestabilidad permanente actual, dijo.

Según la analista, la nueva gobernante no debe seguir gobernando con un parlamento que llamó golpista y que manipula la constitución a su antojo y debe consultar al pueblo en un referendo para nuevas elecciones y una asamblea constituyente.

Anahí Durand recordó que la crisis y la inestabilidad datan de 2016. Ese año el presidente Ollanta Humala terminó su mandato y Pedro Pablo Kuczynski inició el suyo y la neoliberal Keiko Fujimori obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento, la cual utilizó para desestabilizar al elegido, hasta que renunció en marzo de 2018.

El sucesor, Martín Vizcarra, fue vacado en noviembre de 2020 y reemplazado por el presidente del Congreso de entonces, Manuel Merino, quien en menos de una semana renunció ante grandes manifestaciones de repudio, y asumió Francisco Sagasti, quien sobrevivió al acoso congresal y, tras elecciones, asumió Castillo.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que la gestión de la nueva presidenta no podrá desarrollarse si se mantiene el uso excesivo de mecanismos de fiscalización al Ejecutivo.

Ese problema tiene tal magnitud, según la funcionaria, que en los 14 primeros meses de gobierno de Castillo hubo 209 acusaciones constitucionales contra ministros y otros funcionarios de alto nivel, frente a solo 200 registrados en cinco años de gestión de Humala.

La primera ministra de Castillo, Mirtha Vásquez, se refirió a la tregua política pedida por la nueva presidenta y dijo que el problema es que se trata de “una tregua entre poderes del Estado, en las alturas, entre instituciones deslegitimadas y alejadas de la gente.

Agregó que en esa tregua “el pueblo es prescindible, no cuenta, no lo escuchan, no le dan canales de participación ni consulta”.

Según la analista Laura Arroyo, Boluarte es una presidenta hipotecada a ese Congreso golpista, preguntó si en ese escenario se puede pensar en estabilidad y planteó también elecciones adelantadas y constituyente, previo referendo.

El académico y analista Sinesio López cuestionó a “las élites que instauraron el modelo neoliberal y el patrimonialismo, base de la corrupción, en la Constitución misma de 1993 que definió al Estado subsidiario, al servicio del mercado y de los empresarios”. “Creen que el Estado les pertenece y que son las únicas capaces de administrarlo”, señaló, y dijo que el Congreso, dirigido por la derecha, “ha arrebatado al pueblo el derecho al referendo”.