‘Asesinamos a inocentes’, confiesan exmilitares colombianos ante tribunal de paz

En Colombia, militares retirados llevaron a cabo un reconocimiento histórico este martes ante las familias de las víctimas, asegurando haber ejecutado extrajudicialmente a 120 civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate en en la década del 2000, los llamados “falsos positivos”. 

Mataban a sangre fría a campesinos o a indígenas de la zona y los hacían pasar por guerrilleros para obtener ascensos o premios, bajo la presión de los mandos militares y del gobierno de Álvaro Uribe.  

50 familiares de víctimas de los llamados "falsos positivos" se sentaron frente a una decena de exmilitares colombianos en una inédita audiencia judicial de dos días en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Se trata de un cara a cara orquestado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y muy esperado por las familias de las víctimas. En la primera jornada, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres. 

“Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné a familiares de los que están acá. Yo sé que ustedes no nos van a perdonar pero que esto lleve a lo que dicen las víctimas: no más”, dijo el cabo retirado del ejército colombiano Néstor Gutiérrez. “Llegaban acá, a la ciudad de Ocaña, unos muchachos que veía que eran de bien, no eran delincuentes. Me acuerdo tanto de Luis Devia Gómez. Lo asesinaron, le colocaron un arma en sus manos y reportaron un combate. Al otro día, la noticia: un guerrillero, un paramilitar, un bandido dado de baja”.  

Esta audiencia se lleva a cabo en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, instaurada con los acuerdos de paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC. 
Quienes confiesen sus delitos podrán recibir penas reducidas o alternativas a la cárcel. En esta misma audiencia, un general admitió el carácter generalizado de la práctica macabra de los “falsos positivos”, denunciada desde hace muchos años por organismos de derechos humanos.  

El tribunal de paz identificó dos modalidades de falsos positivos. Una consistió en llevar jóvenes engañados a poblaciones alejadas de sus hogares para luego matarlos. En la segunda, las víctimas fueron campesinos retenidos a la fuerza en Ocaña y otros municipios de la región del Catatumbo, que ostenta la mayor cantidad de narcocultivos del mundo. 

A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos, detalló en su intervención la magistrada Catalina Díaz. 

“Que se limpie su nombre” 

“En la lucha que nosotros hemos liderado, este era uno de los objetivos: que se limpiara el nombre de nuestros familiares, así como lo han reconocido y lo han dicho ellos, que no era ningunos guerrilleros. Eso está perfecto”, asegura Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo, una de las víctimas de los falsos positivos y representante del colectivo Madres de víctimas de falsos positivos.

“Pero son muchos, muchos casos en Colombia que todavía están en la impunidad. Si bien sabemos que hay 11 militares que están en este momento en la audiencia, la esperanza que nosotros teníamos era que esta audiencia de reconocimiento se hiciera desde los comandantes de las brigadas, por qué eran ellos los que ordenaban cometer estos crímenes”. 

El coronel Rubén Castro reconoció, por su parte, la existencia de una "banda criminal al interior" de sus hombres "creada con el único fin de incrementar" las bajas a "como diera lugar". El excomandante de la Brigada Móvil XV pidió perdón por haber exigido el asesinato de "gente buena". 

El coronel Castro reconoció haberles transmitido a sus subalternos las "políticas" de "los diferentes escalones del mando", señalando al entonces comandante del ejército, el general Mario Montoya, de quien la exigencia por mostrar bajas "siempre fue repetitiva". Montoya también se somete a la JEP desde 2018 sin aceptar responsabilidad alguna. 

La justicia colombiana admite la existencia de 6.402 civiles ejecutados por los militares entre 2002 y 2008. Según las ONG, sin embargo, la cifra podría ser de al menos 10.000 casos.