“Seguro levantaremos la mano para allanarle la inmunidad parlamentaria a todos los que participaron activamente en ese acto (…) Es hecho público, notorio y comunicacional la participación de algunos (diputados opositores)”, ha dicho este domingo el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello.

El número ‘dos’ del chavismo, señalando que la “Fiscalía abrió su expediente”, ha dado a conocer que “a la Asamblea Constituyente están llegando todas las solicitudes de allanamiento a la inmunidad parlamentaria, como debe ser”.

El 30 de abril, el autoproclamado “presidente interno” de Venezuela, Juan Guaidó, junto a unos 30 militares, anunció el inicio de una operación para derrocar al presidente del país, Nicolás Maduro. Más tarde ese mismo día, el Gobierno de Caracas anunció la desactivación de la intentona golpista de “militares traidores”.

“La justicia va a llegar, eso no lo duden (...) no nos desesperemos”, ha subrayado Cabello, que hacía estas declaraciones en un acto con militantes de la formación política gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas.

El viernes, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó de que el Ministerio Público había solicitado 18 órdenes de captura contra “civiles y militares complotados” en la operación golpista. “Serán sancionados severamente porque son traidores a la patria”, ratificó Saab, sin nombrar a los buscados, pero, según los medios, figuran varios diputados de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional Constituyente despojó el pasado 2 de abril a Guaidó de su inmunidad parlamentaria y autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpar las funciones de Maduro.

La ANC asumió varias funciones de la Asamblea Nacional, después de que este órgano, en poder de la oposición fue en 2016 declarada en desacato por hacer caso omiso a una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en referencia a los diputados del estado Amazonas que fueron juramentados por el Parlamento, pese a haber incurrido en delitos electorales.