Incrementar la distribución de utilidades a los trabajadores, una de las medidas en estudio

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, al ofrecer información a los delegados del Congreso de la CTC sobre los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución reiteró que se aprobarán 22 medidas, a corto y mediano plazo, para mejorar la eficiencia de la empresa estatal socialista, principal actor de la economía nacional.

Entre las nuevas buenas anunció:

•     Desarrollar una institución financiera, bancaria o no, para propiciar el desarrollo empresarial que asegure el capital de trabajo y que permita establecer esquemas de encadenamientos productivos.
      Operar los esquemas cerrados de financiamiento a nivel de empresa, definiendo las que están en condiciones de ejecutarlas.
      Las entidades que le presten servicios a los usuarios o concesionarios radicados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel retengan parte de las divisas provenientes de esos contratos.
      Incrementar el pago de las utilidades a los trabajadores hasta cinco salarios medios (hoy es hasta tres), siempre que se sobrecumplan los indicadores directivos.

Acerca del sistema empresarial del país recordó que está organizado en tres niveles: las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE), las empresas y las unidades empresariales de base (UEB). Dijo que en la actualidad se estudian otras medidas para continuar transformando y fortaleciendo la empresa estatal.

Destacó, además, que desde el Sexto Congreso del Partido hasta la actualidad se han aprobado un total de 206 políticas encaminadas a actualizar el modelo económico y social de nuestro país.

De ellas, 47 son recientes, pues fueron adoptadas después del Pleno del Comité Central del Partido que analizara el tema de la marcha de los Lineamientos el pasado año; lo que muestra una mayor celeridad en el análisis y adopción de las nuevas políticas, a tono con la experiencia adquirida.

Al evaluar la implementación de dichas normativas, explicó que los principales problemas no han estado asociados a falta de financiamientos sino a la capacidad para dirigir los procesos, teniendo en cuenta que casi todas las políticas aprobadas trasladan mayor eficiencia a la economía. “Nos concentramos a la vez en cosas micros y macros. Hubo falta de organización y no existieron indicadores claros para medir los avances”, acotó.

Precisó que cada política en lo adelante tendrá objetivos, metas e indicadores bien definidos para evitar las insuficiencias del pasado. Informó que próximamente la comisión tendrá un sitio web donde estarán públicas estas estrategias.

“En este periodo hubo mucha demora en la salida de las normas y aunque se dio mucha capacitación a los implicados no fueron efectivas del todo. Todo esto enlentece el proceso”, detalló.

Recordó que entre las prioridades de trabajo que se pactaron para la implementación de los Lineamientos hasta 2021 están el ordenamiento monetario, o sea, llevar a cabo la unificación monetaria y cambiaria; la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030; la revisión de todas las políticas que lo requieran, así como consolidar y desarrollar la empresa estatal socialista como actor principal del modelo económico.

“Otro tema fundamental es incentivar la inversión extranjera directa, el fortalecimiento de los órganos locales del Poder Popular y la labor de comunicación”, dijo.

Hizo referencia a la aprobación de las 13 políticas relacionadas con la ciencia, la innovación, la tecnología y el medio ambiente. “Esto hay que cumplirlo para lograr mayor eficiencia en la economía. Entre las propuestas están las empresas de alta tecnología, las cuales debe mostrar una actividad intensiva en investigación, desarrollo e innovación; tener elevados estándares tecnológicos; así como cerrar el ciclo de investigación, desarrollo, innovación, producción y comercialización de productos y servicios de alto valor agregado con énfasis en el mercado exterior, entre otras particularidades”.

Explicó que igualmente es imprescindible tener ventas netas a partir de las exportaciones de bienes y/o servicios de alto valor agregado e ingresos por intangibles por un valor del 2 %; destinar un 10% de los recursos a la investigación, desarrollo, innovación, con relación a la facturación; introducir al menos un producto- bienes y servicios- innovadores en el mercado, o de mejoras tecnológicas que disminuyan costos, aumenten productividad o estándares de calidad, así como disponer de más de un 25% de profesionales universitarios con relación al total de trabajadores.

“Las Empresas de Alta Tecnología contarán con un esquema cerrado de financiamiento, donde retienen un por ciento de los ingresos por concepto de exportaciones, con capacidad de liquidez”.

De igual forma se informó que podrán distribuir las utilidades a los trabajadores, sin límite en la cantidad de salarios medios obtenidos en el año; se les faculta a realizar exportaciones e importaciones directas, teniendo en cuenta el carácter especializado de las actividades que desarrolla.

Al comentar sobre los parques científicos tecnológicos, el jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo expresó que estos buscan promover la creación de empresas especializadas a partir del nuevo conocimiento, modelos de negocios y capacidades para crear empresas innovadoras, “proporcionando condiciones para la investigación, desarrollo (I+D), la innovación, la transferencia de tecnología y los servicios científicos y tecnológicos de alto valor agregado”.

Las formas de gestión no estatales fue otro de los puntos presentados por Murillo Jorge. Sobre el trabajo por cuenta propia, rememoró la aprobación de nuevas normativas en julio de 2017 y que a partir de los criterios de la población se decidió, en diciembre de 2018, hacer un grupo de modificaciones para su flexibilización.

Igualmente explicó que en febrero de este año se autorizaron medidas con el fin de perfeccionar también la política para las cooperativas no agropecuarias, cuyas normas jurídicas están en proceso de aprobación y persiguen una flexibilización en el funcionamiento de estas formas de gestión.

Mencionó, asimismo, las medidas implementadas en relación con la dinámica demográfica, las cuales, si bien se han cumplido, no han logrado revertir el fenómeno del envejecimiento poblacional.

Llamó la atención sobre la baja tasa de nacimientos y ya hoy el 20,3% de la población tiene 60 años y más. “El año pasado nacieron 116 mil niños, pero fallecieron 109  mil personas. Hay 75 municipios que decrecen en su población.”

El presidente de la Comisión de Implementación también comentó sobre el perfeccionamiento de los organismos y órganos locales del Poder Popular, así como las políticas crediticia y tributaria.