Los lobbistas que representan al régimen de Arabia Saudí pagaron 500 habitaciones en el lujoso hotel del presidente estadounidense Donald Trump en Washington, la capital de EE.UU., durante tres meses para presionar contra la ley antisaudí relacionada con los atentados del 11-S, según los documentos obtenidos por el diario estadounidense The Washington Post.

Según el informe, publicado el miércoles, estos cabilderos reservaron bloques de habitaciones en el Hotel Trump International a un mes de la elección de Trump en 2016, pagando aproximadamente 500 habitaciones en el hotel de lujo en tres meses.

En ese momento, estos cabilderos reservaban un gran número de habitaciones de hotel como parte de una campaña que ofrecía a los veteranos militares de EE.UU. un viaje gratuito a Washington, y luego los enviaba al Congreso para presionar contra la ley que los saudíes se oponían, según las declaraciones de los veteranos y organizadores de los viajes citados por el diario.

La tarea de estos exmilitares norteamericanos era convencer a los legisladores de que la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA, por sus siglas en inglés) perjudica a las tropas que se encuentran en el extranjero y presionarlos para que modifiquen dicha norma.

En total, los cabilderos gastaron más de 270 000 dólares para albergar a seis grupos de veteranos visitantes en este hotel, que aún posee el presidente.

Arabia Saudí ha pedido a un juez federal de Estados Unidos que desestime una ley del Congreso norteamericano que permite responsabilizar al reino árabe de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, ocurridos en 2001.

Esas reservas han alimentado un par de demandas federales que alegan que Trump violó la Constitución al aceptar pagos indebidos de Gobiernos extranjeros.

“Los países extranjeros consideran que pueden ganarse el favor del presidente al patrocinar sus negocios”, denunció el representante demócrata de California, Adam Schiff, quien liderará el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja el próximo año.

La JASTA fue aprobada en septiembre de 2016 en el Congreso de Estados Unidos y permite a las familias de las víctimas de los atentados 1-S demandar a Arabia Saudí, como un país involucrado en estos ataques.

Las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés) demuestran que funcionarios saudíes estuvieron involucrados en estos ataques, los financiaron y pagaron a los atacantes.