Popular Banca Privada, condenada por vender a una anciana acciones de una empresa en quiebra

Banca Popular Privada S.A. vendió el 21 de abril de 2006 a una anciana de 81 años participaciones preferentes del banco islandés Kaupthing Bank, una entidad en riesgo de quiebra, por valor de 100.397,50 euros.

Un juzgado de Zaragoza ha condenado a la entidad, perteneciente al grupo Banco Popular, a devolver 84.365,98 euros a los herederos de la anciana, ya fallecida, al considerar que la entidad "omitió una obligación de información a la cliente que concluyó con la compra de un producto complejo, de elevado riesgo, procedente de un banco que atravesaba una crisis económica que era ya conocida por los analistas y que había tenido ya repercusiones graves en los mercados". La sentencia ha sido recurrida ante la Audiencia de Zaragoza.

Banca Popular Privada S.A. es una unidad independiente de Banco Popular especializada en altos patrimonios. El fallo, se septiembre de 2011, destaca que vendió a sus clientes preferentes de dicho banco islanés, que en 2008 tuvo que ser rescatado por el Gobierno del país, pese a conocer un informe del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional de marzo de 2006 que no descartaba la quiebra de dicha entidad.

Aunque los abogados de la entidad aseguraron que la anciana tenía un perfil inversor, ya que compró las participaciones con dinero obtenido de la venta de valores de Arcelor, Endesa o Telefónica, el juez señala que "a la señora no se la informó correctamente ni de la naturaleza del producto ni del riesgo elevado y complejidad de la inversión, ni de la conocida y preocupante situación de los bancos islandeses".

No es la primera vez que Banca Popular Privada S.A. recibe una sentencia en su contra de este tipo. El pasado 30 de mayo se hizo pública otra en la que la Audiencia de Zaragoza condenaba a la misma entidad financiera a indemnizar con 78.000 euros a una pareja de ancianos jubilados al entender que adquirieron unas participaciones preferentes de alto riesgo en la creencia de que era un depósito seguro.

De hecho, según el representante legal de los ancianos y responsable de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en Zaragoza, Alberto Cardona, más de 5.000 personas podrían estar afectadas en Aragón por la compra de estos productos.