El pasado 9 de noviembre Donald Trump emitió un decreto que prohíbe otorgar asilo a quienes, como el caso de los caravanistas, hayan cruzado la frontera sur de Estados Unidos.

Por ese motivo, la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro por los Derechos Constitucionales, interpusieron una demanda contra el juez Tigar.

Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales dijo que “los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso. No se puede ser más claro”.

La AP señaló que en los últimos años, decenas de miles de migrantes se han presentado en el desierto de Arizona o en la cuenca norte del río Bravo, en Texas para entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo.

Señala además, que el Departamento de Seguridad Nacional calcula que cada año unas 70.000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso.

Ahora Donald Trump argumenta que las caravanas más recientes son una amenaza a la seguridad nacional.

Se conoció que alrededor de 3.000 personas de la primera caravana se encuentran en Tijuana, México y que las autoridades estadounidenses bloquean la entrada a su territorio.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cerró el tránsito con dirección al norte durante varias horas.
También instaló barreras con alambre de púas en la parte superior, para impedir el paso a inmigrantes.

Autoridades revelan que hasta este martes, 107 ya habían sido detenidos.

Por lo regular, según la agencia noticiosa, las personas se ven obligadas a esperar, incluso semanas, en refugios o en campamentos al aire libre en suelo mexicano.

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt dijo que algunos de los solicitantes de asilo cruzan entre los puertos debido a que “corren un peligro real”.

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