Trifulca la Florida-Washington: Su verdadero trasfondo

En el plano formal la controversia ha girado en torno a brindar o no facilidades a las autoridades floridanas para que accedan a una base nacional de datos.

Teóricamente el propósito de esos funcionarios es identificar con mayor seguridad a los legítimos ciudadanos de ese estado sureño, con vista a garantizar elecciones limpias en noviembre.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no lo acepta, hecho que llevó al gobernador de la Florida, Rick Scott, a presentar una demanda contra esa entidad federal por “intransigencia ilícita”.

Esta última se ha negado más de una vez en Washington a explicar el motivo de su repetida desaprobación a tal solicitud.

Funcionarios del Departamento Justicia advirtieron que la depuración de listas electorales iniciada en la Florida posiblemente viola regulaciones que prohíben hacerlo a tres meses de comicios federales.

En la pesquisa hecha hasta el momento de su interrupción salieron  a flote 87 casos de personas ajenas al territorio, 47 de las cuales han votaron de manera ilegal.

Hace poco la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) exigió a la Florida detener su “limpieza” de supuestos electores no aptos, pues con eso está infringiendo una ley de 1965.

La ACLU insistió en algo que ha llamado significativamente  la atención en el transcurso de esa disputa: la llamada depuración recae sobre todo en ciudadanos de la comunidad negra, los hispanos y otros integrantes de minorías.

Pero la Florida rechazó frenarla. A su nombre lo hizo el secretario de Estado, Ken Detzner, quien además increpó al Departamento de Justicia porque, a su juicio, malinterpreta la ley.

El mismo Detzner echó mano a la Ley de Derecho al Voto para subrayar, desafiante, que ellos no necesitan un permiso de Washington para ejecutar su depuración, porque ya el Departamento de Justicia lo había aceptado.

La mencionada limpieza de electores comprende a unos 2 700 de cuestionada legalidad, solo una parte de los 180 000 anotados en un registro inicial del Estado.

Hace doce años, durante los comicios generales de aquel momento, a miles de integrantes de la comunidad negra les impidieron votar, muchos próximos al Partido Demócrata.

Ahora el desaforado interés del gobernador Rick Scott y sus hombres, respecto a las mencionadas listas, asoma las orejas de una aparente conjura: perjudicar a sus adversarios.

Muy difícil, por no decir imposible, que de los citados registros sea eliminada gente cercana a la facción neonazi Tea-Party, a la que Scott debe importantes favores.

Lo demás son artimañas enderezadas a garantizar que la mayor parte de los sufragios de la Florida –uno de los estados claves-  contribuyan a impulsar candidaturas ultraderechistas.

Allí vaticinan un espectáculo electoral reñido, y por lo tanto se hincha el interés por ganar puntos a cualquier precio, en línea con su escala de valores, el fin justifica los medios.