España destaca clausura de colegios para referendo en Cataluña

En un comunicado, el Ministerio del Interior de España aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comprobaron que "gran parte" de los locales habilitados para la consulta, suspendida por el Tribunal Constitucional, están clausurados.

Según explicó el citado departamento, un dispositivo desplegado este sábado, con el fin de verificar la situación en esos espacios públicos, acreditó que "solamente en algunos de ellos" empezaron a concentrarse personas en su interior para impedir su precintado.

El ejecutivo conservador de Mariano Rajoy reiteró su confianza en la actuación de los Mossos d'Esquadra (policía catalana) para que "desalojen y precinten los colegios ocupados", como establece una orden del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma.

La cartera del Interior consideró muy significativo que en algunos de los lugares ocupados por los ciudadanos "se está utilizando tanto a menores de edad como a ancianos, con la única finalidad de intentar impedir una posible actuación" policial.

Advirtió que la utilización de personas vulnerables demuestra la irresponsabilidad tanto de los dirigentes de la Generalitat (gobierno de Cataluña) como de las organizaciones a favor de la independencia de esa próspera región de 7,5 millones de habitantes.

Convocados por la plataforma Escoles Obertes (Escuelas Abiertas), asociaciones de padres, alumnos y los autodenominados comités de defensa del referéndum organizan actividades lúdicas en numerosas escuelas para evitar su cierre por fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, la resistencia pacífica de los activistas fue tolerada por los Mossos d'Esquadra, que tienen la instrucción de evacuar y sellar los puntos de votación antes de las 06:00 hora local de este domingo, tres horas antes del inicio del referéndum unilateral.

En un documento interno publicado por medios periodísticos, el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, afirmó que los agentes del instituto armado sólo recurrirían a la fuerza como último recurso.

Trapero advirtió en esa comunicación que "antes de adoptar una decisión que comporte el uso de la fuerza se deberá tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de una posible intervención policial, evitando generar un mal mayor del que se trata de evitar".

Las principales entidades soberanistas pidieron a los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, enviados a la región por la administración de Rajoy para bloquear el escrutinio, que no les traten como delincuentes y no actúen contra los recintos electorales.