Psicólogos acusados de diseñar técnicas de torturas para la CIA no irán a juicio

En 2003, dos de los demandantes del caso, Suleiman Abdullah Salim y Mohamed Ben Soud, fueron detenidos y torturados en un centro clandestino de la CIA en Afganistán que los prisioneros llamaban "La Oscuridad". Salim, que es tanzano, y Ben Soud, que es libio, fueron finalmente liberados y ahora viven en sus hogares con sus familias.

Un tercer demandante es un joven afgano ingeniero informático, cuyo tío, Gul Rahman, fue torturado hasta la muerte en noviembre de 2002 en el mismo centro de detención.

En octubre de 2005, los tres presentaron una demanda contra James Mitchell y John "Bruce" Jessen, psicólogos contratados para diseñar un menú de métodos de interrogación abusiva por el que le facturaron a la CIA entre 64 y 70 millones de euros. Los demandantes reclamaban una compensación de los hombres que supuestamente ayudaron y fueron cómplices de torturas, experimentación no consentida en humanos y crímenes de guerra.

El acuerdo incluyó un comunicado en conjunto de los demandantes y los acusados, en el que Mitchell y Jessen reconocieron su papel en el desarrollo de "un programa para la CIA que contemplaba el uso de específicos métodos coercitivos para interrogar ciertos detenidos".

El comunicado afirma que "Gul Rahman fue víctima de abusos en el programa de la CIA que le provocaron la muerte y mucho dolor y sufrimiento a su familia", y que Salim y Ben Soud "también fueron víctimas de métodos coercitivos en el programa de la CIA, que resultaron en dolor y sufrimiento para ellos y sus familias".

El acuerdo reconoce su sufrimiento

Los psicólogos aseguran en el comunicado que nunca supieron de los abusos que soportaron Salim, Ben Soud y Rahman, y negaron su responsabilidad en los tratos que sufrieron los detenidos. Los demandantes "sostienen sus acusaciones por la responsabilidad de los doctores Mitchell y Jessen".

"Los doctores Mitchell y Jessen afirman que es lamentable que los señores Rahman, Salim y Ben Soud hayan sufrido abusos", concluye el comunicado. Para los tres demandantes, el acuerdo es la finalización de un largo proceso por lograr reconocimiento oficial por su padecimiento.

"Presentamos esta demanda buscando que alguien se responsabilice por lo que nos sucedió y esperando que nunca nadie más tenga que soportar torturas y abusos, y sentimos que hemos logrado nuestros objetivos", dicen en el comunicado conjunto.

"Pudimos contarle al mundo las torturas espantosas que sufrimos, la CIA tuvo que hacer públicos algunos archivos secretos, y los psicólogos y altos funcionarios de la CIA tuvieron que responder las preguntas de nuestros abogados. Ha sido un camino largo y difícil, pero estamos muy satisfechos con los resultados".

El juicio por jurado por el caso iba a comenzar en Spokane Washington el 5 de septiembre de 2017. Hubiera sido la primera vez que un jurado tenía que decidir si los arquitectos de un programa de torturas le deben compensación a los antiguos prisioneros.

Demandas anteriores por los programas de interrogatorios de la CIA fueron desestimadas cuando los gobiernos de Bush y Obama intervinieron y alegaron que si los casos llegaban a juicio se pondrían en peligro algunos secretos de estado. Pero en 2014, el informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre las torturas en los centros secretos de la CIA confirmó que los tres hombres fueron detenidos en un centro que en el informe lleva el nombre en código de COBALT, y que fueron parte de los 39 hombres a los que se les aplicó el programa de técnicas avanzadas de interrogación. Al hacerse público lo que había sido uno de los secretos mejor guardados del gobierno estadounidense, se abrió el camino hacia el juicio.

Incluso antes del juicio por jurado, la demanda logró la apertura de cientos de páginas de documentos previamente reservados sobre la planificación y puesta en práctica del programa RDI de la CIA, y un archivo de pruebas de más de 4.000 páginas.

Durante el proceso de analizar el caso y llevarlo hacia el juicio por jurado, el juez Justin L Quackenbush tuvo que descartar varios intentos de Mitchell y Jessen de hacer desestimar la demanda. En varias ocasiones rechazó sus argumentos de que la definición de tortura es una cuestión política y le advirtió a ambas partes que no intentaran utilizar un futuro juicio para entrar en el pesado debate sobre los métodos de interrogación tras los atentados del 11S.