Opinión: De Washington a la Argentina: nueva traición

El gobierno de Estados Unidos hizo trizas el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), cuando en 1982, ante una confrontación militar entre el régimen de Argentina y la administración de Gran Bretaña, apoyó al segundo.

Uno de los preceptos del TIAR establecía que la agresión externa contra un país latinoamericano sería considerada como un ataque contra todas las naciones del área.

La disputa entre Buenos Aires y Londres gira en torno a la soberanía sobre las argentinas islas Malvinas, ocupadas desde el siglo XIX por el colonialismo inglés.

En 1982 el régimen imperante en ese país suramericano lanzó una débil expedición militar hasta allí con el argumento de reafirmar sus derechos sobre el territorio frente a una decadente potencia a miles de kilómetros de distancia.

No obstante el carácter represivo de aquella administración, América Latina en su conjunto respaldó a Buenos Aires bajo los designios del TIAR, compromiso suscrito en 1948.

Pero faltó uno de los firmantes de ese documento: el gobierno de los Estados Unidos, que más tarde llegó a prestar asistencia a la embestida militar que Londres arrojó contra aquel frágil destacamento.

Ahora, como es sabido, la presidenta argentina anunció la intención de expropiar la mayor parte de las acciones de la empresa petrolera YPF, luego de la caída de su producción, la falta de inversiones y el aumento de las importaciones.

Multitudinarias demostraciones populares respaldaron el proceso iniciado, Brasil, Venezuela, Cuba y otros países del área apoyaron el proyecto conocido en Buenos Aires.

En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos proclamó sus más cálidas simpatías y aval a la guerra económica, política y propagandística que ponen en marcha las autoridades de España contra Argentina.

Así lo hizo constar este jueves la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien rechazó la decisión tomada por el gobierno argentino de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la YPF, que controla Repsol.

«Vamos a explorar todas las vías en las que podamos colaborar juntos para restablecer la legalidad internacional», afirmó el canciller español José Manuel García-Margallo.

Añadió que están sobre la mesa «todas las medidas», mientras trabajan con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G-20 y el Club de París, en aras de lograr que Argentina rectifique.

La violenta campaña contra el gobierno de Cristina Fernández no es más que la parte visible del un complot dirigido a castigarla porque comete el «pecado» de ser independiente a la Casa Blanca.

Uno de los pretextos agitados en la actual confrontación radica en decir que el traspaso de la mayoría de las acciones de la YPF a manos del Estado argentino no está en armonía con la legalidad.

Vale recordar que la Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 12 de diciembre de 1974 (conocida como Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados) dice lo contrario.

Esa Resolución establece que «un Estado tiene el derecho de reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional y adoptar medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus normas y políticas económicas y sociales».

También subraya que, en caso de existir una controversia por el monto de la compensación, esta será resuelta por las leyes, disposiciones y tribunales del Estado que nacionaliza, salvo que los Estados hayan acordado otro mecanismo de acuerdo.

Primero junto a la administración británica en 1982 cuando los conocidos hechos de Las Malvinas, y ahora unido al gobierno de España compartiendo su prepotente reacción colonialista ante la legítima expropiación de acciones a la empresa YPF en Argentina.

Tan contundente muestra coloca a Washington en una posición que roza con la traición, o que la asume completamente, a muy pocos días de salir amoratado de la titulada VI Cumbre de las Américas.