La instalación en Chile de una base de entrenamiento militar financiada por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU., generó una gran preocupación en varias organizaciones defensoras de los derechos humanos del país latinoamericano.

Estos grupos consideran la puesta en marcha de la base, inaugurada el pasado mes de abril en la región de Valparaíso, como una nueva expresión del intervencionismo de Washington en la región, informa Prensa Latina.

«Esta es la política intervencionista del Gobierno estadounidense, que viene a ser la política de la Escuela de Las Américas», denuncia Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

«Sabemos que donde EE.UU. interviene con esta práctica militarista, invasora, hay que preocuparse», recalcó Lira, quien recordó el golpe militar en Chile en 1973, que, según apuntó, fue gestado y financiado por estadounidenses.

El movimiento social Comisión Ética contra la Tortura (CECT) destacó que la construcción, valorada en más de 500 millones de dólares, está destinada al entrenamiento de la Policía militarizada y cuerpos especiales de investigación. La ocupación de los carabineros, indica la CECT, es la prevención del delito, por lo que es «improcedente e ilegal que sus funciones reciban entrenamiento militar destinado a atacar a la población civil».

En un comunicado, el movimiento social tacha de «traición a la patria» la subordinación a los dictámenes del Ejército norteamericano y agrega que la humanidad ha padecido sus acciones devastadoras a lo largo de la historia.