Torturas y Guantánamo: ¿el precio de la seguridad nacional EEUU?

"¡Por fin! Es un gran día para el Estado  de derecho", celebraron activistas de derechos humanos y liberales. Era el 20 de enero de 2009 y habían pasado 2.569 días desde la instalación del centro de detención estadounidense en Guantánamo, en el este de Cuba.

Barack Obama acababa de asumir la presidencia de Estados Unidos y  una de sus primeras medidas fue ordenar el cierre, a más tardar en un año, del campo de detención para sospechosos de terrorismo en la base naval de Guantánamo, una medida que lo diferenció claramente de su antecesor George W. Bush. 

"Estados Unidos asume nuevamente la conducción, no sólo con las palabras, sino con el ejemplo", señaló entonces satisfecho el demócrata John Kerry. ¿Se había apresurado?. A poco más de dos años y medio del ingreso de Obama a la Casa  Blanca y a diez años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ya es marcada la decepción en aquellos que esperaban un cambio radical en la política de derechos humanos y en las prácticas de la lucha antiterrorista de la era Bush. 

"Los estadounidenses siguen permitiendo que el miedo al terrorismo domine nuestro rumbo político y jurídico", afirma Ben Wizner, de la  Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la mayor organización defensora de los derechos individuales y las libertades  de Estados Unidos. Para Wizner, el peligro es que Estados Unidos se transforme en un "Estado de seguridad, en un país en permanente estado de excepción,  en el que los derechos individuales deben subordinarse a las  exigencias permanentes de la seguridad nacional". 

Después del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Bush no se  anduvo con contemplaciones. Algunos hechos se conocieron recién años  después. Tras los atentados fueron detenidas unas 800 personas bajo sospecha de terrorismo, casi todas musulmanes. Muchos permanecieron  varias semanas bajo arresto, pero según se supo después, ninguno era  terrorista.
 

Bush también dio luz verde a las escuchas ilegales. Cientos, posiblemente miles de norteamericanos fueron víctimas de esta práctica ilegal. Mientras, la Agencia Central de Inteligencia (CIA)  trasladaba a unos 3.000 sospechosos de terrorismo a sus centros clandestinos de detención, que tiene en todo el mundo. Según un informe de la Unión Europea (UE) de 2007, la CIA  operó 1.245 vuelos a través del territorio europeo. 

Los detenidos fueron sometidos a "interrogatorios durísimos", que  según las leyes internacionales corresponden a métodos de tortura, como por ejemplo el submarino. En el caso de paquistaní Jalid  Sheij Mohamed, miembro de la organización Al Qaeda y uno de los  presuntos responsables de los ataques del 11 de septiembre, la práctica del ahogo simulado se realizó 183 veces en un mes. 

Obama prohibió este método y la tortura en general. La experta en terrorismo para la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), Andrea Prasow, considera que esta medida y  el cierre de las cárceles de la CIA significan "un gran avance". Sin  embargo reclama que Obama no fue consecuente en otros puntos. "Estamos muy decepcionados", afirma. La lista de quejas es extensa. A largo plazo, Guantánamo  permanecerá abierta. Los terroristas sospechosos son interrogados allí por tribunales especiales y no procesados ante tribunales  ordinarios en Estados Unidos. Algunos seguirán detenidos en la base de por vida sin ser sometidos a un proceso. 

Meses atrás, el Congreso estadounidense aprobó hasta junio de 2015  la prórroga de la Patriot Act, una ley antiterrorista puesta en  ráctica en el gobierno Bush tras el 11-S, con el objetivo de ampliar  la capacidad de control del Estado para el combate del terrorismo. De acuerdo con los medios, también al FBI (Buró Federal de  Investigaciones) se le otorgará en breve una ampliación de sus  poderes y márgenes de actuación. Lo que reclaman y reprochan a Obama los activistas de derechos  humanos es que el presidente estadounidense se niega decididamente a  procesar a los funcionarios que durante el gobierno de George W.Bush  aprobaron los métodos de tortura, tales como el submarino.
 

"Él considera las torturas como una elección política desacertada  y no como un delito", alega críticamente Human Rights Watch. De esta manera, futuros gobiernos podrán volver a utilizar estas prácticas, agregan. En mayo, Dick Cheney ya se había manifestado a favor de esa  posibilidad. "Funcionó. Aportó datos secretos de relevancia vital", indicó el ex vicepresidente de Bush. Sin embargo para el experto en seguridad Wizner, se trata de una  estrategia de círculos políticos que "conscientemente utiliza el  miedo al terrorismo para sacar provecho para sus fines políticos". Obama no forma parte de ese círculo, pero tampoco luchó lo suficiente para defender su posición. "Él aceptó el miedo y  capituló", afirma Wizner.