FARC-EP y Gobierno colombiano pactan cese al fuego definitivo

El máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Timoleón Jiménez, y el presidente del país sudamericano, Juan Manuel Santos, presenciaron la rúbrica del documento que también establece la dejación de las armas, garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales.

Humberto de la Calle, jefe de la delegación negociadora del Gobierno, e Iván Márquez, líder de la representación de la insurgencia, rubricaron el acuerdo junto a las naciones garantes, Cuba y Noruega, y las acompañantes, Chile y Venezuela.

Entre los puntos incluidos en el importante pacto se encuentran el cese al fuego definitivo, propiciar una nueva cultura que proscriba el uso de las armas en el ejercicio de la política, y la elaboración de una hoja de ruta para que a los 180 días después de la firma del acuerdo final termine la dejación de las armas.

Al mismo tiempo, se establece un mecanismo de monitoreo y verificación tripartito integrado por el Gobierno nacional, las FARC-EP y un componente internacional de la ONU con observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Durante la ceremonia están presentes, entre otras autoridades, el presidente cubano, Raúl Castro, y el canciller de Noruega, Borge Brende, en representación de las naciones garantes del proceso de paz; mientras que por los Estados acompañantes se encuentran la mandataria de Chile, Michelle Bachelet; y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

Con el anuncio de este acuerdo, y su firma este jueves, Bogotá y las FARC-EP coinciden en que jamás se había avanzado tanto en un proceso de paz en Colombia y en que los acuerdos de esta jornada los acercan, como nunca antes, al fin del conflicto que los ha enfrentado por más de cinco décadas.

Ese enfrentamiento es un componente determinante del llamado conflicto armado colombiano, en el que toman parte también otras organizaciones guerrilleras, paramilitares, grupos del narcotráfico y efectivos de la fuerza pública.

Como consecuencia del mismo han muerto cerca de 260 mil personas y desaparecido otras 45 mil, mientras que los desplazados ascienden a 6,9 millones.