Espionaje doméstico vuelve al debate político en EE.UU.

Al menos así se desprende de informaciones de prensa según las cuales el presidente Barack Obama intenta permitir que la NSA comparta contra otras agencias federales una mayor proporción de los datos que obtiene a través del control a las comunicaciones privadas de los estadounidenses.

Funcionarios allegados a la Casa Blanca confesaron al diario The New York Times que el objetivo es cambiar las restricciones de larga data sobre el acceso al contenido de las llamadas telefónicas y los correos electrónicos que la NSA obtiene en todo el mundo.

Ahí se incluye la recolección en masa de transmisiones de satélites, comunicaciones entre extranjeros cuando estos se conectan a redes que de alguna forma pasan por Estados Unidos y mensajes adquiridos en ultramar o proporcionados por los aliados.

La idea es permitir a más expertos en las entidades norteamericanas de espionaje a ganar acceso a informaciones que antes no obtenían, con el fin de incrementar las posibilidades de identificar cualquier dato de valor operativo.

Sin embargo, Brian P. Hale, vocero de la oficina del Director Nacional de Inteligencia, aclaró que la meta de las regulaciones finales sería garantizar la protección de la privacidad y los derechos constitucionales de los estadounidenses, y a la vez compartir las informaciones relacionadas con la el resguardo de la seguridad nacional.

Según el Times, más funcionarios del Gobierno accederán a mensajes privados, no solo a las llamadas telefónicas y emails de extranjeros, sino también a comunicaciones de ciudadanos estadounidenses o acerca de estos, que los programas de inteligencia de la NSA logren obtener de forma incidental o intencional.

Activistas de entidades prolibertades civiles criticaron el cambio, porque esto debilita la protección de la privacidad de los ciudadanos, y exigen al Gobierno  dar a conocer cuánta información obtiene la NSA y permitir que el público debata cuáles serían las reglas para manejar dichos datos.

Antes de que les permitamos diseminarlos hacia otras agencias gubernamentales necesitamos tener una conversación seria acerca de cómo proteger la correspondencia electrónica y las llamadas de los norteamericanos, señaló Alexander Abdo, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Hasta ahora, los analistas de la NSA filtraban al resto del Gobierno lo que obtenía a través de sus sistemas de vigilancia y pasaban solo fragmentos de llamadas o correos electrónicos que ellos consideraban de interés para sus colegas en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI y otras entidades de espionaje.

Según el rotativo neoyorquino, la rama ejecutiva puede cambiar sus propias reglas sin consentimiento del Congreso o un permiso judicial porque los datos se obtienen a través de métodos de vigilancia que los legisladores no incluyen en las leyes que controlan las facultades de la NSA.

En junio de 2015 Obama firmó una ley que reformó algunas prerrogativas de dicha entidad para continuar su programa de recolección masiva de datos sobre los registros telefónicos, información que a partir de entonces pasó a los archivos de las compañías de telecomunicaciones.

El diario The Washington Post reveló en 2013, sobre la base de documentos entregados por el excontratista de la NSA Edward Snowden, que dicha agencia de espionaje y su contraparte británica monitoreaban los servicios de almacenamientos de datos de las empresas Google y Yahoo, a través de las cuales obtuvieron millones de registros telefónicos cada día.

Estas y otras revelaciones de Snowden -quien actualmente está refugiado en Rusia- provocaron un escándalo internacional tras conocerse que jefes de estado y gobierno de una treintena de países, incluso de aliados de Estados Unidos, fueron víctimas de las actividades de vigilancia de la NSA.