Colombia: Imprescindible eliminar el paramilitarismo
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Mucho se dice y habla, se fijan fechas y hasta concluyen que será más pronto que tarde que la paz llegue a Colombia, con la reincorporación de las huestes guerrilleras a la vida normal, y se ponga fin a un conflicto de más de cinco décadas de duración.
Pero la experiencia indica que todo se convierte en una gran trampa, si no se realiza consecuentemente el proceso para que finalice el paramilitarismo, una de las principales causas de agravamiento del conflicto, y se garantice la vida a quienes dejen las armas y se reincorporen a la sociedad.
Hay nefastas experiencias al efecto, como el asesinato de más de 5 000 miembros de la izquierdista Unidad Popular y otros grupos progresistas, algunos de los cuales habían participado o simpatizado con el movimiento guerrillero, incluido un candidato presidencial a quien había entrevistado en La Habana y al regreso fue muerto a tiros por un adolescente de 14 años en el aeropuerto de Bogotá.
Esta cuestión del paramilitarismo no es algo nuevo, porque ya el exministro de Defensa Rafael Pardo Rueda lo había planteado y hecho propuestas al respecto hace siete años, criticando al entonces presidente Álvaro Uribe acerca de cómo manejaba la situación.
Imagínense, Uribe, que amamantó a tal criatura, a la que ayudó a crecer y utilizó de instrumento para eliminar enemigos políticos.
Pero antes y después de Uribe, desde la década de los ’80, estos grupos armados instrumentaron la represión ilegal y arbitraria en manos de los terratenientes, narcotraficantes, grupos de ultraderecha y militares.
Estos grupos tienen en Colombia una larga tradición de desapariciones, asesinatos, torturas, expropiaciones de tierras, etc., logrando incluso que se exilien dirigentes y activistas de grupos de derechos humanos a los que estos cuerpos de asesinos acusan de terrorismo y/o de izquierdismo, pretendiendo con ello no solo la deslegitimación de los derechos humanos sino, además, justificar el crimen y el terror en que tienen sumida a gran parte de la población colombiana.
No hay que remitirse a las declaraciones al efecto de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ni a las denuncias y proposiciones de la organización guerrillera que dialoga en La Habana o la que lo hace en la propia Colombia para conocer que los grupos paramilitares son la fuente principal de violaciones del derecho a la vida en la sociedad colombiana de hoy.
La mayoría de los asesinatos y de las matanzas no solo han sido obra de sus propias manos, sino que han contribuido a lo que se ha dado en llamar la impunidad, es decir, el conocimiento por los perpetradores de estos delitos de que no se les someterá al debido procedimiento judicial ni se les castigará por sus crímenes.
Y aunque el Estado hable ahora de que eliminará la impunidad, lo cierto es que debe adoptar medidas más profundas y de mucho alcance para eliminar el clima reinante y limitar las ejecuciones sumarias o arbitrarias que viene cometiendo como si fueran parte de la vida cotidiana.
Por ello, el Estado deberá intensificar sus esfuerzos para luchar con eficacia contra los grupos paramilitares y velar por que las personas de las que se sospecha que han cometido violaciones de los derechos humanos, incluso autoridades públicas, sean llevadas ante los tribunales civiles.
El actual gobierno colombiano ha expresado su deseo de una pronta firma de acuerdos para llevar a la paz en Colombia, pero sin la desaparición del paramilitarismo será imposible, además de que se condena a muerte a todo aquel que deponga las armas.
Todo proceso en busca de la paz, como se realiza ahora en La Habana, debe gozar de legitimidad, para evitar que las regiones controladas con terror y crimen por los paramilitares vuelvan a ser dominadas por otros paramilitares con otros nombres.
Para que en unas próximas elecciones o consultas no haya presiones contra un electorado que siga siendo víctima de pactos ilegales entre grupos armados y dirigentes políticos, así como que al amparo de un proceso de paz se mantengan grupos de crimen organizado, de narcotráfico, de saqueo a las arcas públicas. De ahí que sea imprescindible eliminar el paramilitarismo.
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