Correa apoya campaña para evitar película de Brad Pitt sobre Chevron

"Estoy seguro de que, cuando conozca toda la verdad, pues va a rechazar participar en esa farsa donde Chevron es la víctima y las víctimas son los victimarios. Entonces, por supuesto que apoyamos esa campaña", dijo Correa durante un encuentro con la prensa extranjera en Quito.

El mandatario aclaró que el gobierno no está involucrado directamente en la "campaña ciudadana" lanzada a través de la página change.org, con el objetivo de disuadir a la estrella de Hollywood.

Bajo la etiqueta #BradDoTheRightThing (Brad haz lo correcto), esa iniciativa busca recabar apoyos para evitar que Pitt produzca una eventual película basada en el libro "La Ley de la Jungla", de Paul Barret.

En una carta pública, organizaciones ecuatorianas señalan que Plan B, una productora de Pitt, obtuvo los derechos del libro con la versión de Chevron, "presumiblemente con la intención de convertirlo en una película".

Ni Chevron ni el reconocido actor o su productora se han pronunciado al respecto.

Correa defendió su llamado abierto para que Pitt se abstenga de producir una cinta con la versión de Chevron y, por el contrario, viaje a la Amazonía ecuatoriana a observar los daños atribuidos a la petrolera estadounidense.

"Hice público mi pedido a Brad Pitt para que venga a la selva amazónica y que meta la mano en las lagunas dejadas por Chevron", recordó.

En 2013 la justicia ecuatoriana condenó a la firma estadounidense al pago de 9.500 millones de dólares por la contaminación ambiental que se le atribuye a Texaco, adquirida por Chevron en 2001.

La petrolera tilda el fallo de fraudulento e ilegítimo y rehúsa cumplir con la sentencia. El juicio fue interpuesto hace de dos décadas por indígenas y pobladores amazónicos, que aducen graves daños a la salud y al medio ambiente a causa de la actividad que desarrolló Texaco entre 1960 y 1990.

Chevron, que no cuenta con activos importantes en Ecuador, sostiene que Texaco cumplió con la reparación que le correspondía y que el daño fue generado por la estatal Petroecuador, con la que su filial operó en consorcio.

Al mismo tiempo intenta, en cortes internacionales, que el Estado ecuatoriano sea obligado a cubrir la indemnización de 9.500 millones de dólares.