El creciente aumento del cierre de cuentas por bancos extranjeros y de la limitación de negocios de entidades con la nación antillana, por burdas presiones y chantajes de la administración norteamericana, son ejemplos irrefutables de esto.

Las normales relaciones entre instituciones bancarias resultan esenciales para garantizar recursos financieros que apoyen las políticas encaminadas al desarrollo de cada país, vínculos que se ven afectados en la Isla a causa de esa política injerencista.

Por más de cinco décadas la esfera de las finanzas internacionales ha sido uno de los escenarios más visibles del intento de los Estados Unidos de restringir e intentar llevar al colapso a la economía nacional.

Así lo destaca el informe que el 28 de octubre presentará Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que se recogen numerosos ejemplos de la implacable persecución a las transacciones financieras del país.

Tal es el caso de la aplicación de sanciones por los sucesivos gobiernos del norte a entidades bancarias, de cualquier latitud, por realizar o intervenir de alguna forma en negociaciones con la Antilla Mayor.

Ello deriva en obstáculos a futuras operaciones de inversiones directas y compras de bienes para las arcas del archipiélago caribeño.

De acuerdo con el documento, el caso más alarmante del actual período fue la reciente “mega –multa” de ocho mil 970 millones de dólares al banco francés BNP Paribas, uno de los más grandes de Europa, por violaciones de las regulaciones del bloqueo a La Habana y sanciones a otros países.

En consecuencia, el BNP Paribas canceló sus relaciones con entidades de la nación, lo que constituye un freno adicional a los vínculos económicos bilaterales.

Según declaración de la Cancillería cubana, este recargo, que constituye el mayor impuesto hecho por Washington en la historia, violenta las normas del Derecho Internacional y califica como una aplicación extraterritorial e ilegal de la legislación norteña contra una institución foránea.

Con esta nueva medida punitiva, el gobierno del presidente Barack Obama supera a todos sus predecesores, al acumular penalidades contra decenas de entidades que sobrepasan los 11 mil millones de dólares, aplicadas al amparo de los diversos regímenes de sanciones, señaló la misma fuente.

Por medio de leyes carentes de legalidad y legitimidad, prácticas como estas se repiten con connotaciones financieras difíciles de cuantificar, y que repercuten en un costo superior para los importadores nacionales, obligados a modificar sus usuales estructuras de cobros y pagos.

A ello se añade la permanente afectación por la imposibilidad de emplear el dólar estadounidense como moneda de pago, y tener que utilizar otras divisas para materializar las transacciones, las cuales poseen fluctuaciones en sus tasas de cambio.

De ahí que la presentación del informe “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba” sea para los cubanos una cuestión de respeto a su soberanía.