Las FARC-EP y el Gobierno colombiano prosiguen hoy con los diálogos de paz, que se efectúan aquí desde hace 14 meses con el objetivo de poner fin al conflicto de más de medio siglo en la nación suramericana.

En el inicio -la víspera- del vigésimo ciclo de conversaciones, la insurgencia reafirmó su disposición de llegar a un acuerdo humanitario que comience por un cese bilateral al fuego e incorpore temas propuestos por diversos sectores sociales y políticos colombianos como la cuestión del paramilitarismo.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) calificaron de positiva la propuesta del vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, quien refirió la conveniencia, de que tanto Gobierno como guerrilla, suscriban un "Acuerdo sobre mínimos humanitarios" que permita avanzar en los diálogos de paz.

No obstante las limitaciones ostensibles de la propuesta (de Garzón), valoramos esta positivamente y desde ya, estamos dispuestos a concertar con el Gobierno su implementación inmediata, afirmó la guerrilla desde el Palacio de Convenciones de esta capital.

Para ello, el catálogo de obligaciones del Gobierno deberá incluir entre otros aspectos, el desmonte de sus bandas criminales afines, mal denominadas Bacrim, que son apenas las siglas del paramilitarismo criminal que nunca ha dejado de existir ni de contar con el respaldo del Ejército y la Policía, agregó la insurgencia.

Asimismo, las FARC-EP denunciaron además que es el Gobierno, quien sistemáticamente se opone a alcanzar el acuerdo humanitario.

Al respecto, la insurgencia recordó a Garzón que desde el comienzo de las pláticas, la guerrilla propuso la firma de un cese bilateral al fuego como parte de un pacto humanitario, con obligaciones de las partes en aras de garantizar un ambiente de tranquilidad en Colombia mientras se desarrollaran los diálogos en La Habana.

Sobre ese punto, las FARC-EP expresaron que tal iniciativa ha sido rechazada por altos voceros civiles y militares que en cambio avivan la confrontación armada, a la vez que incrementan la violencia contra los luchadores sociales y populares del país suramericano.