Cheque en blanco

Tal como se preveía, la derecha mexicana aprovechó su amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso para aprobar la controvertida reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto y auspiciada por una amplia propaganda que trató de minimizar las denuncias de la izquierda y la movilización de los sectores populares acerca de que se estaba entregando la principal riqueza del país a las inversiones privadas nacionales y extranjeras, principalmente, por supuesto, a las de Estados Unidos.

Al principio, el oficialismo habló sobre las inversiones en la industria estatal Petróleos Mexicanos, pero luego “flexibilizó” su plan, al conceder a las diversas empresas privadas invertir por su cuenta, en aras de una competencia que, realmente, dejaría sin muchas opciones a PEMEX, necesitada de un honesto reajuste para eliminar la corrupción que la lastra.

Al respecto, la izquierda señaló que para que la producción fuese mayor y la industria eficiente había que eliminar una corrupción que permea casi todo el quehacer mexicano, y pidió inútilmente un plebiscito al respecto.

Para colmo, ya hay empresas estadounidenses que se les está haciendo la “boca agua”, algunas de las cuales fueron ganadoras del genocidio contra el pueblo iraquí, como Exxon y Chevron, demandada esta justamente por Ecuador, debido al grave daño que ha causado a extensas zonas de su territorio y a la población que las habita.

Giro de 180 grados
                                                                                                                     

El cambio representa un giro de 180 grados respecto a la legislación vigente desde hace 75 años. La nacionalización petrolera de 1938, decretada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), estableció que esas tareas serían exclusivas del Estado.

                                                                                                            
La reforma energética modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, para permitir que el Estado celebre contratos con particulares nacionales o extranjeros para la producción de energéticos.
                                                                                                                      

“Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos) o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria”, señala el nuevo artículo 27 constitucional, referente al petróleo, el gas y otros hidrocarburos sólidos o líquidos.
                               

La reforma indica que México podrá celebrar con las empresas contratos de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida o de licencia, y que el pago en cada modalidad será diferente.
                                                                                                            

Para los primeros se plantea pagar en efectivo; para los segundos, con una parte de la utilidad generada, y para los terceros y cuartos, con un porcentaje de los combustibles que se produzcan.
                               

En el texto queda establecido que Petróleos Mexicanos tendrá 90 días para decidir cuáles yacimientos serán los que explote de forma exclusiva.
                                                                                                       

Se establece también la creación de un Fondo Soberano del Petróleo para el manejo de la renta petrolera, en el que fungirá como fiduciario el Banco de México.

La historia como testigo
                                                                                                                                                            
“No es una privatización velada, escondida; es una privatización directa. Es una privatización extrema, y la gente tiene que saberlo”, expuso Luis Espinosa Cházaro, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
                                                                                                        

“La historia nos juzgará a todos. Será tarde cuando quieran arrepentirse de haber despojado a los mexicanos de la riqueza petrolera y la generación de energía eléctrica. Es inentendible que el Estado renuncie a sus dos grandes sectores estratégicos, a los sectores energéticos”, dijo Silvano Aureoles Conejo, coordinador de los diputados del PRD.
                                                                                               
Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, anunció que se improvisaría un termo como “cápsula del tiempo” para meter en él la promesa que algunos hicieron de que habría gasolina, gas y luz más baratos, así como el nombre de todos los legisladores locales y federales que aprobaron la reforma energética, y la mandará a París, Francia, y se colocará a un lado de la tumba de Porfirio Díaz. Y explicó:
                                                           

“Esta cápsula será repatriada en junio del 2018, un mes antes de las elecciones de ese año, en el que habrá de estrenarse la reelección legislativa (…) le vamos a solicitar a los mexicanos un juicio histórico de lo que hoy se está aprobando, para que los mexicanos recuerden quién los traicionó”.