Espionaje contra AP: Regalo a «ultras»

La teoría vendida a lo largo de muchos años, respecto a la sacrosanta libertad de prensa en Estados Unidos, se encuentra amenazada con perder una significativa escaramuza.

Uno de los más sólidos componentes del sistema económico, político y social que prima allí, la Associated Press (AP), reveló esta semana que fue victima del espionaje telefónico de su gobierno.

La agencia lo hizo saber el lunes por la noche y remitió su fuente a un informe que le entregó cuatro días antes el Departamento de Justicia.

Según el texto, ese Departamento obtuvo los registros de las llamadas salientes de 20 líneas durante los meses de abril y mayo de 2012 en sus oficinas de Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut), así como de teléfonos móviles y números privados en hogares de periodistas.

El presidente de la AP, Gary Pruitt, envió una carta al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, donde calificó lo sucedido como “una intromisión masiva y sin precedentes” en el trabajo de sus periodistas.

Pruitt añadió en su misiva que “no hay justificación posible para una recolección tan amplia de las comunicaciones de AP y sus reporteros”.

Tanto el portavoz presidencial de la Casa Blanca, Jay Carney, como el fiscal general Holder han sido literalmente bombardeados con preguntas sobre el tema.

Interrogado el miércoles por legisladores, este último afirmó no saber cómo se generó la orden del control telefónico en disputa, pero, a la vez, deslizó un elemento explosivo: lo autorizó –dijo- el vicefiscal general, Jim Cole.

La agencia noticiosa británica Reuters, luego de apuntar que Holder fue “duramente interrogado en el Congreso”, agregó: “no sabemos hasta dónde llega esto”, basada en criterios del congresista republicano de extrema derecha James Sensenbrenner.

Después afirmó que este episodio ha desatado una gran polémica en Washington y llega a cuestionar hasta dónde Obama está equilibrando la seguridad nacional y los derechos de privacidad.

A la defensiva, presionada por los republicanos e incluso algunos demócratas, la Casa Blanca respondió que el presidente es “un firme defensor de la libertad de prensa”.

El diario mejicano La Jornada recordó este miércoles que más de 50 organizaciones de medios de información se unieron a las criticas al gobierno estadounidense por el caso AP, así como valoraron de “operación desmedida” el comportamiento oficial.

Una carta enviada por instituciones periodísticas vigorizó esas inquietudes bajo la firma de Dow Jones, EW. Scrips, Gannett, The New York Times, The Newspaper Guild, Time Inc. y The Washington Post.

Este último escribió que, cualquiera fuera el objetivo de seguridad nacional que se haya querido alcanzar, parece estar sobrepasado por el daño causado a la libertad de expresión.

Una editora de The New York Times, Margaret Sullivan, apuntó: “se suponía que este iba a ser un gobierno de transparencia sin precedente (…) en cambio parece ser una administración secretista y de ataques no vistos a la libertad de prensa”.

No puede descartarse que los ultras lleguen a utilizar el actual escándalo de espionaje telefónico hacia la AP de cara a importantes legislaciones pendientes y a las elecciones de medio término y generales de 2014 y 2016.

Los próximos días y su acontecer ratificarán o negarán esa expectativa, muy atendible, porque los multiplicados neonazis de Estados Unidos, que tienen cuentas por saldar con Obama, se mantienen alertas para ampliar y consolidar sus posiciones.