Llevarán al cine caso sobre tráfico de niños africanos

Un realizador belga llevará al cine el caso de tráfico de niños africanos "El Arca de Zoe", conocido así por el nombre de la asociación francesa involucrada en este escándalo.

El director del filme será Joachim Lafosse, autor también de La pérdida de la razón, Tribu o Que te hace feliz, entre otras cintas.

El caso de El Arca de Zoe se remonta a octubre de 2007, cuando varios ciudadanos europeos, entre ellos nueve franceses, fueron arrestados en la pista de un aeropuerto en Chad, en momentos en que se aprestaban a embarcar hacia el país galo a 103 niños.

Según los integrantes de esa organización no gubernamental, los menores eran sudaneses y se encontraban en orfanatos de Darfur, sin embargo, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados descubrió que en realidad procedían de Chad y en su mayoría tenían algún padre o tutor.

En aquella ocasión el gobierno de Chad acusó formalmente a los seis miembros de la ONG francesa y a tres periodistas de secuestro de menores y fraude.

El Arca de Zoe, creada en 2004 luego del tsunami que devastó a Asia, tenía el propósito de evacuar a cerca de 10 mil menores de la zona de conflicto sudanesa de Darfur.

Según las denuncias presentadas aquí, un total de 358 familias francesas habían pagado entre dos mil 800 y seis mil euros por la adopción de un niño.

En noviembre último el tribunal correccional de París sancionó en ausencia a los dos máximos responsables de la ONG, Eric Breteau y su compañera Emilie Lelouch, a penas de dos años de prisión firme y uno en libertad condicional por el delito de tráfico infantil.

Breteau y Lelouch residen en Sudáfrica y se negaron a viajar a Francia para asistir al juicio.

Los magistrados ordenaron asimismo la disolución de la organización no gubernamental y el pago de una multa de 700 mil euros.

Otros cuatro miembros de la entidad, el médico Philippe van Winkerlberg, el responsable de logística Alain Péligat, la periodista Agnés Pelleran y Christophe Letien, recibieron condenas de ocho a 18 meses de cárcel, si bien las penas quedaron en suspenso.