La denuncia de un expolítico a miles de usuarios de la red social Twitter por difamarle y tildarle de pedófilo ha generado un intenso debate en el Reino Unido sobre los límites de la libertad de expresión en la red.

Los expertos se muestran divididos entre los que creen que la difamación es un delito en cualquier plataforma y los que temen que perseguir los comentarios en redes sociales como Twitter o Facebook puede conducir a la autocensura.

Aunque en el Reino Unido hay sentencias firmes contra personas por comentarios ofensivos en redes como Facebook, el debate se ha intensificado con la acción iniciada por Lord Alistair McAlpine, expolítico conservador de 70 años.

El que fuera asesor de Margaret Thatcher denunció a hasta 10.000 usuarios de Twitter que relacionaron erróneamente su nombre con un caso de abusos sexuales en Gales, a raíz de las insinuaciones vertidas en un reportaje emitido el pasado día 2 por la BBC.

Entre los denunciados, 1.000 lo identificaron como el supuesto pederasta, mientras que otros 9.000 simplemente retuitearon esos comentarios.

Un delito de libelo

Los abogados de McAlpine consideran que todos ellos cometieron libelo, un delito en el Reino Unido que consiste en la difusión de mentiras "que puedan dañar la imagen de un individuo en la sociedad de forma permanente".

"Una difamación lo es independientemente de la plataforma en la que se produzca", aseguró Charlie Beckett, director del departamento de Medios y Comunicación de la universidad londinense London School of Economics.

En relación al importante elemento de la permanencia de la mentira que conlleva el delito de libelo, el académico sostiene que puede asociarse a Internet, pese a que en muchas ocasiones puedan borrarse los comentarios.

"En la red no importa que borres tus afirmaciones, si alguien lo lee, la mentira ya se ha difundido. Tan pronto como lo publiques, ya es demasiado tarde", aclaró Beckett.

Frente a los políticos que han demandado una regulación específica para Internet, este experto considera que no se necesitan leyes nuevas, "sino aplicar las que ya tenemos, que pueden servirnos como guía".

Tampoco es partidario de regular la red, aunque por motivos muy diferentes, Padraig Reid, uno de los responsables de Index, una organización que desde hace cuarenta años defiende la libertad de expresión en el Reino Unido.

"Temo que con más leyes, la población tema expresarse libremente en Internet. Lo que hace falta es una mayor sensibilidad con el uso que se haga de ella", matizó Reid.

La ley en Reino Unido

Reid considera que en el Reino Unido se produce una "desprotección absoluta" de la libertad de expresión, que no está recogida en ninguna ley británica —el país carece además de Constitución— y se aplica directamente desde la Declaración Europea de Derechos Humanos.

Sin embargo Beckett descarta que se trate de un problema de libertad de expresión, sino de educación pública.

"Esta herramienta es muy nueva, pero la gente tiene que ser consciente de que no todo vale en la red, desde luego no el insulto ni la mentira, y el caso McAlpine es una gran ocasión para enseñar a la gente que hay consecuencias", aseveró este académico.

En su denuncia ante Scotland Yard, el Lord agravó la responsabilidad entre aquellos usuarios que cuentan con más de 500 seguidores y por lo tanto tienen una mayor influencia, un gesto que alabó Beckett.

"Más seguidores equivalen a más responsabilidad, porque tus tuits tienen más visibilidad", explicó, "aunque la mayor dificultad con Twitter, lo más importante, es distinguir el contexto en que se afirma algo. No es lo mismo decir: quiero matar al primer ministro, que decirlo pero añadiendo una cara sonriente al final".