Juzgado granadino rechaza abrir la presunta fosa de Lorca

Un juzgado de Granada ha vuelto a declararse incompetente para abrir la fosa en la que podrían hallarse los restos del poeta Federico García Lorca, en el último episodio que muestra la diversidad de criterios sobre la competencia para exhumar las fosas comunes de víctimas del franquismo en España.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Granada, Aurora María Fernández, que ya devolviera el caso al Supremo hace tres años, emitió esta semana un auto en el que sobresee la causa al considerar que los hechos ya no son constitutivos de delito.

Además, sostiene que las Administraciones públicas deben ser las encargadas de autorizar estas tareas.

"Las Administraciones públicas ... facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior", sostuvo el auto.

"El pronunciamiento que se realiza en la presente resolución no es óbice al derecho de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura posterior del General Francisco Franco a un resarcimiento moral mediante la recuperación de los restos de sus familiares", agregó la resolución, contra la que cabe recurso.

El caso recayó de nuevo en el juzgado granadino después de que en marzo de este año el Tribunal Supremo reconociera el derecho de unos familiares de víctimas del franquismo a exhumar fosas comunes y a investigar su paradero, declarando competentes al juzgado de Granada y a otro de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) para tramitar esos expedientes.

El alto tribunal resolvía así una cuestión de competencia planteada en 2009 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, absuelto en febrero por el propio Supremo por intentar investigar los crímenes del franquismo a raíz de varias denuncias de familiares de las víctimas en 2008.

No obstante, el Supremo insistió en que el caso de los crímenes del franquismo estaba prescrito y que no se podía perseguir ni el supuesto delito cometido ni a los supuestos autores, porque la ley de Amnistía de 1976 sigue en vigor.

Garzón había pedido al Supremo que decidiera qué órgano judicial debía asumir la causa de las exhumaciones pedidas por los familiares de las víctimas.

El Supremo aplazó tres años su resolución hasta haber resuelto la causa abierta contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil sabiendo que no tenía competencias para hacerlo, en un caso que despertó una gran atención internacional.

En octubre de 2009, tras una orden de Garzón y mediante un convenio firmado, entre otros, por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se realizaron trabajos de exhumación en la localidad granadina de Alfacar, pero después de casi dos meses de excavaciones, los expertos concluyeron que Lorca nunca estuvo enterrado allí.

Así, sigue siendo un enigma el lugar en el que yacen los restos de Lorca, del profesor Dióscoro Galindo y de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Juan Arcollas, fusilados todos en agosto de 1936, poco después del inicio de la Guerra Civil española.