Lula libre: Y ahora, ¿qué?

El haber liberado a Lula de la prisión a donde fue enviado injustamente no disminuye ni un ápice la crisis que vive Brasil, pero sí permite replantearse para qué sirve eso que llaman democracia en los países capitalistas, qué significa la participación popular; preguntarse si la sociedad puede cambiarse desde un Estado hecho a imagen e intereses de una derecha que está empoderando el fascismo en el país suramericano, que no solo domina los medios, las fuerzas armadas y las principales instituciones estatales y privadas, sino que también manipula a su antojo la justicia, con la ayuda de jueces con doble moral como Sergio Moro.

La liberación de Lula por el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, el mismo que lo había condenado, no permite bajar la guardia, y sí emprender nuevos esfuerzos en el aún muy corrupto campo judicial para anular una situación que le impediría retomar su carrera política, de acuerdo con las leyes actuales, que vedan tal participación a condenados en segunda instancia. Solo podría ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia.

De hecho, el salir de la prisión ahora no significa el fin de las marañas judiciales, pues Lula tiene pendientes otras causas por presunta corrupción, aunque aun si fuera declarado culpable, la pena solo se ejecutaría cuando acabe el proceso de apelaciones. También ya acumula otra condena a 12 años por otro caso, pero, hasta ahora, dictada solamente en primera instancia. Ello demuestra la maldad de una injusta justicia, ahora más cerca de ser defenestrada.

Eso podría cambiar, sin embargo, si la Corte Suprema decide que el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia en 2017, no actuó de forma imparcial, con el fin de impedir que Lula se presentara a los comicios presidenciales de 2018, para facilitar la victoria del fascista Jair Bolsonaro.

Tanto Moro como los fiscales niegan haber perseguido ese propósito, pero, reitero, si los jueces de la Corte Suprema consideran que el juicio fue parcial, la condena de Lula sería anulada y podría participar en política.

Y hay fuertes indicios, pruebas, elementos y todo tipo de consideraciones realmente honestas para que esto sea demostrado, por lo cual muchas personas en el mundo, no solo de Brasil, tienen sus ojos puestos en el exjuez que envió a Lula a la cárcel y fuera inmediatamente escogido por Bolsonaro para ser su ministro de Justicia, alegando la «heroica» participación de Moro en el caso Lava Jato y el envío a prisión de supuestos corruptos.

Pero así como se van erosionando el poder de Bolsonaro y el encumbramiento de su Ministro de Justicia, así está ocurriendo con Lava Jato con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que muestran connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.

Matón de los paramilitares

El diputado Paulo Pimenta, jefe del bloque del Partido de los Trabajadores, quien prometió el retorno al poder, calificó a Moro de matón de los paramilitares, «esa banda que armó con Bolsonaro ya fue desenmascarada. Lula fue juzgado por un coludio mafioso entre Moro y los fiscales».

El congresista se refería a las maniobras ilegales entre el juez y los procuradores de Lava Jato para montar pruebas falsas y adulterar el proceso reveladas por el sitio The Intercept, del periodista norteamericano Glenn Greenwald.

Las informaciones obtenidas por ese sitio hicieron mella en la credibilidad, antes invicta, de la causa anticorrupción hasta hoy celebrada por el bloque conservador y los medios dominantes. Durante la audiencia del Supremo fueron citadas esas informaciones, especialmente por el juez Gilmar Méndes, uno de los que se manifestó a favor de Lula.

Asimismo, las filtraciones sugieren que Moro pudo haber conspirado para mantener a Lula fuera de la carrera presidencial de 2018, ya que, según el medio, los mensajes «muestran, entre otros elementos, que los fiscales de Lava Jato hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir la victoria electoral del Partido de los Trabajadores» y que «el juez Sergio Moro colaboró de forma secreta y antiética con los fiscales de la operación para ayudar a montar la acusación contra Lula».

Horas antes, un periodista vinculado a la ultraderecha golpeó a Greenwald, ganador del Pulitzer, y lo insultó con argumentos homofóbicos durante un programa de radio en San Pablo. Seguidamente, las «milicias digitales» del bolsonarismo exaltaron la agresión. La atmósfera era pesada en San Pablo, y en Brasilia, a las 9 de la mañana, se desató tal vendaval, que en una hora llovió lo mismo que en todo octubre.

Circularon rumores, mezclados con informaciones posiblemente intoxicadas, sobre cuál sería la posición del máximo tribunal cuyas decisiones suelen responder a presiones políticas (y/o militares), antes que a lo prescripto por la Constitución y el Código de Proceso Penal.

La deliberación de los once miembros del Supremo comenzó a las dos de la tarde. La estrategia de los jueces fue dilatar todo lo posible un fallo que favoreciera a Lula.

Las especulaciones crecían con el correr de las horas: al principio el sentido común decía «a Lula no lo van a soltar», pero luego de algunos alegatos en el recinto del Palacio de Justicia, se percibió que algo estaba cambiando.

Una señal de que el juez Dias Toffoli, el último en votar, podría ordenar la excarcelación, fue que las radios del Grupo Globo evitaron transmitir en vivo la audiencia, al contrario de lo sucedido el 7 de abril del año pasado, cuando las radios y los canales de la televisión privados formaron una cadena nacional para transmitir en vivo (eufóricas) el arresto del político. Pero no se pudo evitar la euforia popular, cuando, finalmente, seis de los 11 jueces votaron a favor de la liberación de Lula.