Verdades de Boluarte y Benavides: Exsocias se acusan de corruptas

La estrecha amistad y connivencia entre la presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, y la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se acaba de romper abruptamente, al considerar la mandataria que era muy peligroso seguir respaldando a la jefa de la judicatura con graves acusaciones en su contra, y reaccionar la susodicha con calificar a la mandataria de genocida, algo que ya estimaban millones de peruanos.

Ello, por supuesto, agrava la crisis política y aumenta la tensión que comenzó con el boicot al anterior presidente Pedro Castillo, que devino en su destitución y encarcelamiento en lo que contribuyó la traición de Boluarte, entonces vicepresidenta, y la Fiscal Benavides. 

Muchos quizás recuerden como a los pocos minutos de ocupar el cargo, Benavides destituyó a la fiscal que mantenía presa a su hermana, quien había sido cogida in fraganti en sus nexos con el narcotráfico.

De ahí en adelante, brindó todo tipo de apoyo a Boluarte y sus “amiguitos” para tratar de consolidar al gobierno y el Congreso más impopulares en la historia de Perú. 

Pero, luego, ante las fuertes acusaciones en su contra, incluso respaldadas por Boluarte -quien trataba de limpiar su imagen- Benavides, en represalia optó por acusarla de los crímenes que había cometido al ordenar la brutal represión contra los participantes en las manifestaciones masivas que pedían su renuncia y la disolución del malhadado Congreso, nuevas elecciones y la derogación de la Constitución creada por el exdictador Alberto Fujimori, cuya hija, Keiko, tres veces fracasada en su aspiración presidencial, ya es íntima de la espuria Digna.

LOS PORMENORES

La Fiscal General denunció ante el Congreso a la presidenta de facto por el presunto delito de homicidio. Boluarte sería una de las responsables de la represión a las protestas en su contra que dejaron 77 muertes tras su llegada al poder hace un año a través de un golpe de Estado jurídico.

“Informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte, presidenta de la República, y Luis Alberto Otárola, primer ministro”, especificó Benavides.

La acusación, que podría conducir a la destitución de la presidenta, se produce en momentos que la fiscal enfrenta graves cuestionamientos internos a su gestión con pedidos de renuncia hechos por altos magistrados del Ministerio Público.
"No se debe permitir la muerte de ninguna peruana ni peruano, así como tampoco el abuso de poder", agregó Benavides, quien dijo además que otros fiscales buscan desprestigiarla.

La fiscal era percibida hasta ahora como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.

La presidenta peruana evitó expresarse sobre el fondo de la acusación y su presunta responsabilidad en la muerte de los manifestantes. Según la acusación fiscal, los jefes militares y policiales declararon que Boluarte estaba informada de la represión. Ella lo niega.

Ante esta acción en su contra, Dina Boluarte denunció nuevamente a la fiscal Patricia Benavides, por su presunta vinculación a una mafia de extorsión desde la institución que ella dirige. Boluarte, quien hasta ahora goza del apoyo de la Embajadora de Estados Unidos, también manifestó que es una “deleznable maniobra política con la que pretende distraer la atención de la ciudadanía”.

En este contexto, manifestó que esta denuncia se interpuso luego de una acción judicial de allanamiento y detención de una parte del equipo legal de Benavides, contra la cual existe una acusación por encabezar una red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.

De acuerdo con los datos del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), asesores de la fiscal habrían pactado con algunos legisladores en casos como la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; la destitución de la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el despido de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, organismo que puede cesar de sus funciones a Benavides.

SUCIA SOCIEDAD

Los intereses comunes de Benavides y la mayoría parlamentaria de derecha, capitaneada por el fujimorismo, necesitaban sumar votos porque las decisiones en estos casos requieren el apoyo de dos tercios de la cámara. Además de proteger a su fiscal aliada, la derecha busca cambiar a la JNJ, que nombra a jueces, fiscales y jefes de los organismos electorales, para controlar los sistemas de justicia y electoral. Hace unos días, Benavides descabezó el equipo fiscal que procesa por corrupción a Keiko Fujimori, cuatro expresidentes y otros dirigentes políticos, acota el diario argentino Página 12.

Esta investigación que compromete gravemente a la fiscal de la Nación está a cargo de un equipo especial de fiscales que coordina la fiscal Marita Barreto. El lunes temprano fue detenido el brazo derecho de Benavides, el asesor Jaime Villanueva. Benavides se enteró el domingo de lo que se le venía. Llamó a una reunión de emergencia a sus asesores y fiscales más cercanos, que se prolongó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. 

Al final de esa reunión respondió destituyendo a la fiscal Barreto. También cesó a Villanueva, en un intento de desmarcarse en la hora final de su asesor acusado de ser su operador principal para comprar votos en el Congreso. Era tarde para Benavides. El operativo fiscal no se detuvo. Otros dos de sus asesores también están acusados en este caso. Se allanaron las viviendas y las oficinas de los tres. 

Conversaciones por whatsapp de Villanueva con legisladores y asesores parlamentarios revelan los operativos para comprar votos parlamentarios y que el asesor operaba bajo las órdenes de Benavides.

Horas después de intentar sin éxito controlar la investigación fiscal en su contra, Benavides dio un mensaje televisado en el que anunció que ese día había presentado al Congreso una acusación constitucional por homicidio contra Boluarte, el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola y tres exministros del Interior. No dijo una palabra de los graves cargos en su contra. 

Su acusación contra Boluarte sorprendió, no porque no existan razones para acusar a la presidenta por las muertes por la represión ordenada por su gobierno, evidencias para acusarla hay muchas, sino porque lo hizo solamente tres días después de haber pedido una ampliación de ocho meses para seguir investigando y porque hasta ese momento era notoria su conducta encubridora. 

Acorralada, subraya el medio peruano El Salto, decidió romper su alianza con el gobierno y activar la acusación contra Boluarte que estaba evitando hacer en un desesperado intento de salvarse presentándose como víctima de una persecución política por acusar a la presidenta. 

Lo cierto es que el gobierno no ha intervenido en la denuncia contra Benavides y que esa acusación fue presentada antes que ella decidiera denunciar a Boluarte. El gobierno no ha perdido tiempo para buscar sacar provecho de la situación acusando a Benavides de politizar esta acusación y así tratar de desacreditar un caso sólido de violaciones a los derechos humanos. 

Como se puede apreciar, es otra estrategia de victimización para eludir graves acusaciones.