Petro, dos años después

Con críticas atenuadas de los medios al servicio del Imperio, optimistas -no sé por qué- por su aun no anuencia a los resultados de las elecciones venezolanas, el presidente Gustavo Petro cumple la primera mitad de sus cuatro años de mandato con logros en importantes aspectos de la vida del país, entre lo que se destaca el abandono de la pobreza por más de un millón 600 000 colombianos.

Este es el primer presidente de izquierda en la historia moderna del país. Antes de llegar al poder fue opositor del anterior gobierno, y enfrenta ahora una oposición que habla de todos los temas, tiene algunas caras virales en redes sociales, pero todavía no ha podido tumbar a ningún ministro, pese a siete mociones de censura en el Congreso. 

Y es que, a diferencia de gobiernos anteriores, la oposición de ahora no tiene un solo líder visible y aunque son varios los que aspiran a la Presidencia en el 2026, el verdadero contrapeso del centro o de la derecha, incluido el uribismo, ni siquiera ahora está ocupando un escaño.

Ante este escindido Congreso, Petro ha logrado hacer aprobar las reformas pensional y la laboral, ha tenido que replantearse las rechazadas de salud y educación -en las que predomina lo público sobre lo privado- y promueve la necesaria agraria, imprescindible para millones de personas que son víctimas del latifundismo y de grupos que controlan el narcotráfico. 

Una de sus políticas más ambiciosas fue negociar con al menos ocho grupos ilegales para acabar con la violencia armada en Colombia. Dos años después de esa promesa, lo que se llamó la “paz total” ha tenido altibajos: si bien hay reducción del conflicto en zonas muy vulnerables del país, en otras, como Cauca o Arauca, hay arremetida de grupos armados y bandas criminales, con unos cien activistas sociales asesinados en lo que va de año. Además, el nuevo Comisionado de Paz está priorizando las mesas de negociación con las disidencias que tiene algún avance en términos políticos y jurídicos.

COMPROMISO CON LA PAZ

Consuelo Ahumada, una reconocida analista política, ha destacado varios aspectos de su gestión, incluyendo sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, la migración y su propuesta de paz a nivel internacional.

En particular, ha propuesto la creación de dos conferencias de paz, una para abordar la guerra en Ucrania y otra para el conflicto entre Israel y Palestina. Ahumada ha señalado que estas iniciativas reflejan el compromiso de Petro con la paz y la estabilidad global.

En otro orden de cosas, la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Piedad Urdinola, informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó de 0,32% en junio a 0,20% en julio. Mes a mes, esto significa una caída del en inflación del 0,12%.

En cuanto a la inflación, la cifra que más importa es la variación año a año. Tras un estancamiento, de mayo a junio, la cifra había subido a 7,18%. Para julio, según informó Urdinola, cayó a 6,86%. 

La variación de la inflación es importante para la tasa de interés que establece el Banco de la República. Actualmente, la tasa del banco es de 10,75%, lejos aún de la meta de 3%. 

CORRUPTELA HEREDADA

Un grave problema heredado de los anteriores gobiernos uribistas es el futuro incierto del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

En Barranquilla, los que siguen manejando el Programa son los Char, amos y señores de la ciudad a pesar de los ruidos que generan. La capital del Atlántico ejecutó entre el 2020 y el 2023 un presupuesto superior a los   150 000 millones de pesos (Un dólar equivale a 4 173 pesos colombianos)  y para el 2024 espera llegar a los  99 000 millones de pesos, con un aumento de un 33% con respecto a los 66 000 millones que costó el año pasado. Dirigido, además, para atender a 130 000 estudiantes, ubicados en las 154 instituciones educativas certificadas por el Ministerio de Educación Nacional.

Los grandes contratistas del Programa en Barranquilla son familias como los Navarro Polanía, quienes siguen mandando la parada a través de empresas suyas como la Vianda.

En Antioquia, uno de los grandes barones electorales, el senador conservador Carlos Andrés Trujillo es quien ha manejado buena parte del Programa. Tan solo en los municipios de Bello, Itagüí y el Distrito de Medellín se gastaron aproximadamente 730 000 millones de pesos entre los años 2020 a 2024.

La comunidad se quejó del mal manejo al respecto en ese municipio e incluso en el 2022 el diario El colombiano tituló “La comida del PAE en Itagüí es incomible”. En dicha nota se mencionan diferentes irregularidades en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar, como demoras en la operación del programa y malas prácticas en la preparación de las raciones, evidenciando la inconformidad de los estudiantes, padres y docentes, especifica el popular medio La Silla Vacía.

En Medellín, la llegada en el 2018 de Daniel Quintero constituyó cualquier otra cosa menos el cambio que se esperaba. El caso de la Secretaría de Educación es uno de los más relevantes alrededor de la alcaldía de Quintero, ya que se vio inmersa en múltiples escándalos por la contratación del Programa de Alimentación Escolar.

SON LOS MISMOS

Conforme al análisis realizado durante el año 2020 hasta 2024, se evidencia que siempre participan las mismas empresas y en la mayoría de los casos se presentan como únicos proponentes, lo cual genera inquietudes en el proceso de contratación, pues no hay más empresas interesadas en ejecutar el PAE.

Este informe tiene un capítulo especial sobre el Chocó en donde le mete la lupa a uno de los departamentos más saqueados por la corrupción.

Cúcuta no es la excepción. Lleva muchos años en manos de unos pocos contratistas, durante toda la gestión del alcalde Jairo Yáñez.

Un denominador común a lo largo de estos años analizados ha sido la presencia de empresas y fundaciones vinculadas a megacontratistas y cárteles empresariales que han sido cuestionados en diversas regiones del país.

Es reseñable la cantidad de lazos existentes con empresas y figuras relacionadas con el "zar de la contratación", Juan Carlos Manosalva, así como Carlos Duarte Valenzuela, quien hace parte de la red de contratistas y políticos que tiene control sobre el PAE en Santander, hasta la participación constante y permanente de empresas como Multiservicios Danisan S.A.S. en todos los procesos contractuales, por lo que las alertas activadas por veedores ciudadanos y otros proponentes sobre posibles conflictos de intereses y monopolización del programa no han cesado.

Cali al ser una ciudad con más de 2 millones de habitantes cuenta con uno de los Programas de Alimentación Escolar más grandes del país, alrededor de más de 60 000 millones de pesos por año, son invertidos, con el propósito de suministrar raciones alimentarias a más de 150 000 estudiantes. Cali también presenta varias irregularidades en contratación.

En fin, toda una asqueante corrupción, uno de los muchos problemas heredados de anteriores gobiernos que tiene que enfrentar Gustavo Petro.