Panamá: Patria que no se vende

Panamá siempre ha sido presentada como una nación próspera, remanso para los inversionistas y tranquilidad ciudadana, pero lo real es que es uno de los países más desiguales del mundo.

Ello a pesar del innegable crecimiento que económicamente exhibe, sin problemas a gran escala, con instituciones eficientes y políticamente estable, características que la hacen ideal para los inversionistas extranjeros.

El modelo económico panameño se cimienta en tres pilares: las actividades financieras, los ingresos por cuenta del Canal transoceánico y la explotación minera, en un contexto de regulaciones laxas para las empresas, bajas tasas impositivas y fuerte competitividad, aunque el Estado se reserva para sí algunos sectores clave como salud y educación.

Sin embargo, un examen no demasiado minucioso de esa realidad, deja en evidencia que el innegable crecimiento económico que exhibe el país, se ha conseguido a condición de haber dejado por fuera a segmentos importante dejando fuera a la mayor parte de la población.

Ello explica estas y anteriores protestas populares, siendo la más reciente una de las mayores de su historia, con un poder tal en su larga duración que ha obligado a la justicia a de su población a anular por inconstitucional la Ley 406, legislación promovida por el Ejecutivo que extendía por 20 años las operaciones de Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum Minerals.

El mandatario Laurentino Cortizo quiso tener éxito allí donde sus predecesores Juan Carlos Alvarado (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014) habían fallado. Para ello, intentó impulsar una propuesta que contara con amplio apoyo de la población, pero el resultado fue igualmente negativo.

El detonante de la crisis fue la introducción de un artículo que ampliaba las competencias de la Asamblea Nacional, pero rápidamente salieron a la luz numerosas demandas sociales, que incluyeron protección constitucional para las personas en situación de pobreza, paridad de género en la política, matrimonio entre personas de igual sexo, mayores garantías para el empresariado y lucha contra la corrupción.

Finalmente, aunque en las calles se impuso como bandera la cruzada anticorrupción, impulsada principalmente por los sindicatos y estudiantes de universidades privadas pertenecientes a la clase media urbana, la situación dejó al descubierto la distancia entre las prioridades del gobierno y las expectativas populares.

NADA DE NADA

Cortizo dejará el poder en mayo de 2024 sin haber podido honrar ni una sola de estas reclamaciones y sin haber cambiado la Constitución. La crisis con el contrato minero también mostró los límites de su capacidad de maniobrar, pues todas las soluciones que propuso para aplacar los ánimos fueron frenadas por instancias gubernamentales.

En cualquier caso, de lo que no hay duda es que el sistema político panameño se ha mostrado impotente para resolver las causas estructurales de las protestas que año tras año se suceden en las calles y cuyas causas responden mucho más a factores estructurales derivados de la apuesta neoliberal.

En lo referente al contrato ya anulado, daba permiso a Minera Panamá (filial de First Quantum Minerals) para seguir explotando la mina durante 20 años, con posibilidad de extender el contrato 20 años adicionales, a cambio de 375 millones de dólares de ingresos anuales para Panamá.

El gobierno defendía que este contrato ofrecía mejores condiciones y beneficios para el país que el anterior y, aunque representaba cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), dio lugar a polémicas y la base para las masivas protestas, porque fue adoptado de manera acelerada a pesar de las numerosas críticas de un pueblo que denunció corrupción y falta de transparencia dentro de las negociaciones.

Por otra parte, la explotación cuprífera fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano y está causando daños irreparables al ecosistema, así como al área protegida del distrito de Donoso, donde viven tanto poblaciones vulnerables como flora y fauna endémicas.

Pero, además, y está demostrado -aunque el gobierno permaneció impasible- “Cobre Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, ha estado operando en un limbo legal, sin pagar impuestos al Estado panameño en la provincia de Colón. La empresa explota el depósito de cobre y oro ubicado en Donoso, una región que alberga una gran biodiversidad y es parte del Corredor Biológico Mesoamericano”, denunció la organización Panamá Wildlife Conservation.

Por otro lado, Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Pero, suceda lo que suceda, el 28 de noviembre será siempre un día histórico para los miles de panameños que vieron triunfar su justa protesta, enmarcada en el aniversario 202 de su independencia de España.